El próximo 11 de marzo, José Antonio Kast asume la presidencia de Chile e implementará un plan para los primeros 90 días (¨Desafío 90”) que ya cuenta con una hoja de ruta y una carta Gantt. En el mismo hay diferentes iniciativas como proyectos de ley, cambios de reglamentarios y acciones de gestión según lo que publica el diario El Mercurio.

Entre las acciones que el nuevo gobierno va a enfrentar es el estancamiento de la producción de cobre, pues el país sureño lleva 20 años produciendo alrededor de 5.5 millones de toneladas. Según GEM Mining Consulting los principales problemas que enfrenta Chile son yacimientos maduros, con caída de leyes y mayor dureza, largos tiempos para obtener permisos para nuevos proyectos, y la complejidad técnica y ambiental de los mismos. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad un proyecto de minería de alta complejidad, que cuente con relaveras y obras como como una desaladora demora aproximadamente 138 meses (11 años y medio) desde el inicio de la tramitación hasta el inicio de la operación. Problemas muy similares a lo que acontece en la minería peruana.

Kast ha propuesto disolver el Ministerio de Minería, y convertirlo  en una subsecretaría. Ha sido nombrado como subsecretario de Minería Alvaro González, abogado, que fue director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI). Esta propuesta ha sido criticada en redes sociales  porque al parecer han confundido hipertrofia  burocrática con relevancia estratégica.

González se encargará de priorizar la agenda regulatoria, la tramitación de reformas sectoriales y la modernización del proceso de permisos, teniendo en cuenta que no se vislumbra la entrada de grandes proyectos en el corto plazo, solo ampliaciones en las existentes. Otra de las tareas que impulsará González será impulsar la invariabilidad tributaria (llamados contratos de estabilidad tributaria en nuestro país) para grandes proyectos mineros, junto con la promoción de exportación de servicios de la minería. Para esto último están analizando la Ley de Economía del Conocimiento de Argentina que fomenta la exportación de servicios especialmente de  la pequeña empresa proveedora de minería.

Además de estas medidas se está planeando la revisión de los marcos regulatorios para mejorar la planificación y operación del sistema eléctrico, el perfeccionamiento de la gobernanza de los organismos clave, la revisión del mecanismo del cálculo tarifario para bajar el costo de la electricidad, así como la modernización la regulación de la distribución. Según el experto peruano Carlos Gomero los precios de generación de Chile están en alrededor de US$ 60 dólares por MWH mientras que los de Perú están en alrededor de US$35 dólares por MWH, pero si se incorpora las tarifas de transmisión y distribución, el costo chileno debe estar alrededor de 50% más que el peruano.

Toda esta reforma se complementara con otras medidas en el ámbito laboral para flexibilizar la relación entre empresas y trabajadores, como acordar jornadas flexibles, contratos por hora y trabajo remoto. Se está planeando reducir el impuesto de primera categoría que pagan las empresas de 27% a 23% durante 4 años, con la posibilidad de alcanzar hasta un 20%.

Chile no tiene problemas de minería informal de oro porque este metal precioso se encuentra en sus pórfidos cobre-oro y en yacimientos epitermales de alta sulfuración (del mismo tipo de Yanacocha), en la zona más elevada de la cordillera de los Andes. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, firmado en 1997 y vigente desde el 2000, crea un marco legal para la explotación conjunta de  estos recursos minerales en la frontera.

Todas estas medidas podrían redundar en nuevas inversiones en el país sureño que mantiene la posición 31 en la medición sobre corrupción que elabora Transparencia Internacional, mientras que nuestro país ha caído a la posición 130.