Rubén L. Arratia, MSc. Eng, MBA y Economista de Minerales de WM Julio, 2026

Tras tres intentos fallidos y una larga trayectoria política marcada por la polarización, Keiko Fujimori logró finalmente alcanzar la presidencia del Perú en las elecciones de 2026. Su victoria abre una nueva etapa para un país que llega con fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos, pero con profundas fracturas sociales, institucionales y territoriales.

El próximo gobierno recibirá un Perú macroeconómicamente resistente, pero socialmente fracturado. La economía peruana llega con inflación controlada, deuda pública baja para estándares regionales y una institucionalidad monetaria todavía sólida. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que el PBI creció 3,4% en 2025 y que la deuda pública bruta cerró cerca de 30,2% del PBI. El déficit fiscal, aunque menor que en 2024, sigue exigiendo disciplina.

El Perú mantiene además una de las posiciones externas más sólidas de América Latina. Las reservas internacionales netas ascienden actualmente a aproximadamente US$97.00099.000 millones, equivalentes a cerca de 29% del PBI y a alrededor de quince meses de importaciones. Estas reservas constituyen un importante colchón frente a shocks externos y otorgan al Banco Central una considerable capacidad para suavizar episodios de volatilidad cambiaria. Pocos países emergentes cuentan con un nivel de cobertura externa comparable.

Los inversionistas internacionales continúan considerando al Perú como un soberano con grado de inversión. A pesar de una década marcada por una extraordinaria inestabilidad política y frecuentes cambios de gobierno, el país ha preservado su credibilidad macroeconómica y mantiene calificaciones de grado de inversión otorgadas por Fitch, Moody’s y S&P Global Ratings. Estas evaluaciones reflejan la confianza en la disciplina fiscal del país, la independencia de su banco central, su relativamente bajo nivel de endeudamiento y su compromiso histórico con una economía social de mercado.

El Perú no enfrenta una crisis macroeconómica; enfrenta una crisis de sobreregulacion y de ejecución. El problema central es otro: crecimiento insuficiente, informalidad masiva, grave inseguridad ciudadana, baja capacidad estatal y una enorme brecha entre regiones relativamente modernas y amplias zonas de la sierra que continúan atrapadas en pobreza, informalidad, baja capacidad de gestión pública y una limitada presencia efectiva del Estado.

Una digresión aquí. En la segunda vuelta presidencial casi todas las regiones de la sierra votaron casi masivamente (más del 60-80%) por Juntos por el Perú, una facción política que busca nacionalizar algunas empresas y cambiar la Constitución del país.

El dato social central es duro: la pobreza monetaria alcanzó 25,7% en 2025, todavía más de una cuarta parte del país, que tiene una población de casi 34 millones de habitantes. La pobreza extrema fue 4,7%, equivalente a 1,6 millones de personas. Además, 32,8% de la población está en condición vulnerable: no es pobre hoy, pero puede caer ante enfermedad, desempleo, inflación alimentaria o crisis familiar.

Esta es la gran fragilidad peruana: aun cuando la macroeconomía parece ordenada, millones viven al borde. La informalidad es el verdadero rostro estructural de esa fragilidad. Entre los pobres, el empleo informal llega a 89,1%; entre los pobres extremos, a 96,1%. Esta informalidad gatilla la inmigración de personas hacia ríos y montañas para extraer oro de manera precaria, generando alta contaminación y, en algunos casos, facilitando la criminalización de actividades económicas e invasiones de concesiones mineras formales.

En términos simples: el Perú no ha logrado convertir crecimiento en empleo formal masivo como se logró parcialmente durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. En los últimos diez años, el Perú tuvo una inestabilidad política extrema con diez presidentes entre 2016 y 2026. Por esta razón, el desafío de la señora Keiko Fujimori es enorme. No solo se trata de devolverle estabilidad política al país, sino también de sacar de la pobreza y la informalidad a millones de sus conciudadanos y erradicar la insostenible criminalidad.

El programa económico de Fuerza Popular se ordena alrededor de tres pilares: orden, inversión y formalización. Su plan “Perú con Orden 2026–2031” propone economía social de mercado, respeto a los contratos, independencia del BCRP, disciplina fiscal, reducción del déficit hacia 1% del PBI al 2031, simplificación administrativa, digitalización del Estado y un shock desregulatorio.

El punto más importante para la inversión es la promesa de reducir en al menos 40% los tiempos de tramitación de proyectos, eliminar más de 500 procedimientos redundantes, crear una Ventanilla Única Digital Nacional con inteligencia artificial y establecer plazos máximos vinculantes para autorizaciones sectoriales.

Si se quiere crear masivamente empleo, la desregulación es casi mandatoria debido a que los países vecinos de Chile y Argentina, con gobiernos de centroderecha o derecha, buscan no solo reducir drásticamente los permisos para los proyectos sino también reducir los impuestos corporativos. Por esta razón, si Perú desregula sustancialmente su economía, podría destrabar minería, energía, infraestructura, agricultura moderna, pesca y turismo. Si no se ejecutan los proyectos con la rapidez que demanda la crisis de informalidad y de empleo bien remunerado, el plan de Fuerza Popular quedará como otra promesa programática más.

El desafío de seguridad será tan importante como el económico. El país llega con una sensación extendida de pérdida de control territorial, extorsiones, sicariato y crimen organizado. La tasa de homicidios habría subido de 8,6 por 100 mil habitantes en 2022 a 10,7 en 2025. Por esta razón, el Perú necesitará un gobierno con mano firme —no autoritario— para derrotar la criminalidad.

Para un gobierno que ofrece “orden”, este será su primer examen político. No bastará con más policías o discursos duros: se necesitará inteligencia criminal, control penitenciario, fiscalías rápidas y eficaces, tecnología, trazabilidad financiera, control migratorio razonable y coordinación con alcaldes y gobiernos regionales. Sin seguridad, no hay inversión; sin inversión, no hay empleo; sin empleo formal, no bajara la pobreza y seguira aumentando la informalidad de manera insostenible.

El nuevo gobierno también ha planteado la formalización como uno de los pilares centrales de su gestión. Sin embargo, ello exige sincerar la narrativa de una formalización rápida e irrealista. Es necesario explicar a la población que más de 12-13 millones de peruanos trabajan en la informalidad —cerca del 70% de la población económicamente activa, incluyendo a miles de pequeños mineros informales— y que incorporar a la gran mayoría al sector formal tomará, probablemente, dos o mas décadas de esfuerzo sostenido.

Una estrategia de formalización inteligente y pragmatica debe ser muy simple, progresiva y focalizada en aquellos sectores donde los beneficios económicos y sociales son más urgentes. Ello implica reducir barreras burocráticas, simplificar regulaciones y crear incentivos para que las pequeñas unidades productivas puedan integrarse gradualmente a la economía formal.

Al mismo tiempo, el Estado debe establecer límites claros y firmes. Por ejemplo, no debería tolerarse que actividades informales invadan la propiedad privada o que obstaculicen la operación de una mina, su expansión o inversión de empresas formales que cumplen con la ley. La servidumbre minera, aplicada equitativamente, deberia ser una herramiente que ayude en esto. En Chile funciona esta herramienta por la integridad del sistema judicial.

Tampoco debería permitirse la informalidad que genera contaminación ambiental, destruye ecosistemas o afecta la salud y calidad de vida de las poblaciones vecinas. En paralelo, el gobierno puede desempeñar un papel constructivo brindando asistencia técnica, acceso a tecnología, capacitación y apoyo en gestión para facilitar la transición hacia la formalidad.

El problema del Perú no es solamente que existan 12 o 13 millones de informales. El problema es que nadie es realmente dueño del proceso de formalización. Está disperso entre ministerios, SUNAT, gobiernos regionales, municipalidades, PRODUCE, MINEM, MIDAGRI, MTPE, etc. Al final, todos tienen una parte de la responsabilidad, pero nadie responde por el resultado final. ¿Qué institución tiene como misión principal reducir la informalidad del 70% al 50%, al 40% o al 30% en los próximos 10 o 15 años?. Chile tiene un Enami que mantine formalizados a los pequeños mineros.

Como se puede intuir, la gobernabilidad será compleja, pero no imposible. El nuevo Congreso bicameral aparece fragmentado. Según proyecciones publicadas, Fuerza Popular sería la primera fuerza: 22 de 60 senadores y 41 de 130 diputados. Con Renovación Popular, el bloque de derecha tendría fuerza importante, pero no control absoluto. La izquierda —Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras— tendría capacidad de oposición.

El Partido del Buen Gobierno, de centro, podría convertirse en árbitro legislativo. Esto obligará a negociar. La señora Fujimori no podrá gobernar solo con identidad partidaria; necesitará una coalición de ejecución, especialmente para seguridad, permisos, infraestructura, salud y educación. Esto requerira de buena muñeca política, de creatividad y de tener bien claros los grandes objetivos.

Las obras y reformas que podrían marcar el quinquenio deberían concentrarse en pocas prioridades visibles: destrabar proyectos mineros y energéticos; acelerar infraestructura vial, puertos, aeropuertos regionales y trenes logísticos; ampliar agua y saneamiento; recuperar escuelas y hospitales; digitalizar licencias y permisos; fortalecer comisarías, fiscalías y penales; y convertir programas sociales en plataformas de salida hacia empleo formal. El Perú no necesita un Estado más grande en papeles, sino un Estado que llegue, ejecute y mida resultados.

La gran pregunta histórica será si Keiko Fujimori logra separar eficacia de autoritarismo, y obra pública de corrupción. Su padre dejó una memoria ambivalente: estabilización económica incluyendo el andamiaje institucional para promover el crecimiento, derrota del terrorismo y obras concretas, pero también corrupción, concentración de poder y algunas violaciones graves.

Para superar esa sombra, su gobierno tendría que hacer exactamente lo contrario en materia institucional: transparencia radical, compras públicas abiertas, meritocracia técnica, respeto al Congreso, prensa libre, independencia judicial y rendición de cuentas. La legitimidad no vendrá solo de ganar la elección; vendrá de gobernar sin revancha, sin copamiento y con resultados.

En síntesis, el Perú que está recibiendo Keiko Fujimori tiene fundamentos macroeconómicos relativamente sanos, pero heridas sociales profundas y sobreregulacion extrema que hace que la aprobacion y ejecucion de proyectos tome decadas. La oportunidad está en convertir estabilidad en inversión y la inversión en empleo formal masivo. El riesgo está en que la polarización, la inseguridad y la baja capacidad estatal consuman el gobierno antes de que pueda ejecutar.

Si el quinquenio 2026–2031 logra rapidamente destrabar proyectos (incluyendo más de 50 proyectos mineros con una inversión combinada superior a US$57.000 millones, la gran mayoría ubicados en la sierra peruana, precisamente donde se concentran algunos de los mayores niveles de pobreza, informalidad y déficit de infraestructura del país), reducir la criminalidad, bajar pobreza e informalidad y reconstruir confianza institucional, el centroderecha peruano podría demostrar que la economía de mercado todavía puede producir movilidad social y progreso. Si fracasa, la frustración volverá a alimentar opciones radicales que buscan, como sucedió en Chile entre 2020 y 2022, refundar el país mediante una nueva Constitución.

Una digresión final. Desde la perspectiva de la promoción de la inversión privada y la economía social de mercado, la actual Constitución peruana, conjuntamente con la de Chile, ha sido considerada por diversos analistas como una de las más favorables para la inversión y creacion de empleo en América Latina. Al no ser tan programática como las constituciones de Bolivia o Ecuador, otorga una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad frente a cambios económicos y tecnológicos.

Esta Constitución ha contribuido a crear un entorno favorable a la inversión privada y al relativo éxito de la economía social de mercado durante más de dos décadas previas al 2016. Lo que le ha faltado al Perú no es un marco constitucional favorable a la inversión, sino la capacidad de ejecución necesaria para transformar crecimiento económico en desarrollo sostenible. Asimismo, le ha faltado capacidad de gestión del gobierno central, pero particularmente de los gobiernos regionales ubicados en la sierra del país, para transformar la riqueza en desarrollo. En este sentido, fortalecer y aumentar el capital humano será también un gran desafío del próximo gobierno. Pero esto también pasa por crear empleo masivo bien remunerado.

Los desafíos del Perú son de tal magnitud que ningún gobierno podrá resolverlos plenamente en un solo quinquenio. Sin embargo, la historia rara vez juzga a los gobiernos por los problemas que heredaron, sino por la dirección que lograron imprimir al país. Si la administración de Keiko Fujimori consigue reducir la criminalidad, acelerar la inversión, generar empleo formal y comenzar a cerrar las brechas históricas entre la costa y la sierra, habrá dado un paso decisivo hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible.

Pero si fracasa en transformar estabilidad macroeconómica en oportunidades concretas para millones de peruanos, el desencanto volverá a alimentar proyectos políticos que cuestionan los fundamentos mismos del modelo económico. En ese sentido, el período 2026–2031 podría convertirse no solo en un nuevo gobierno, sino en una de las pruebas más importantes para el futuro político, económico y social del Perú en las próximas décadas.

Disclaimer. (*)The views and opinions expressed in this article are solely those of the author and do not necessarily reflect the views, positions or policies of Wood Mackenzie.