El martes 7 de Julio, Nancy Laos publicaba un artículo en el diario Gestión donde señalaba que ningún país podía sostenerse en el largo plazo con niveles tan altos de informalidad. Afirmaba que al ser multicausal, requiere un enfoque transversal, que aborde simultáneamente los frentes económicos, laborales, tributarios, productivos y con especial fuerza, los factores culturales.
Coincidimos también con Rolando Arellano cuando plantea que la informalidad es un patrón de conducta colectiva que tiene raíces históricas y de valores. Eso es lo que se aprecia especialmente en el minero informal, que nació en un ambiente sin presencia del Estado, en comunidades invasoras de terrenos, que son posesionarias, por una ley cuestionable que tiene 100 años. En todo este tiempo, salvo algunos fundos costeños que se parcelaron, las comunidades han seguido manteniendo extensos terrenos sin mayor producción, pero si oponiéndose a cualquier iniciativa que apareciera por sus territorios como hacer exploraciones formales.
La inminencia de un cambio de gobierno ha hecho surgir muchas voces que recomiendan a la próxima presidenta cerrar el REINFO el próximo diciembre. Consideramos que tal medida no eliminará la producción informal de oro. Hemos visto esta semana como una turba “liberó” a mineros informales que iban siendo trasladados por la Policía.
Lo que podría hacer el Ministerio de Energía y Minas es contar con una plataforma potente que cruzando datos e imágenes conozca más detalles de la minería informal/ilegal que opera en nuestro país. Según las estadísticas del MINEM, en el 2025 se exportaron 209 toneladas de oro, mientras que sólo son 100 toneladas las que se produjeron formalmente. En el último proyecto de ley (PL 14799) que tiene como eje central un crédito suplementario, se asignan fondos al INEI para el Censo Nacional de Minería Artesanal, que creemos debe hacerse utilizando imágenes satelitales, pues la mayoría son territorios donde no podrán entrar censistas. Consideramos que sería más útil contar con un catastro de las comunidades (indígenas o campesinas), y hacer un levantamiento de los territorios que realmente ocupan y trabajan. “Lo que no se mide, no se mejora” es una frase que debería imperar.
Además, el MINEM debería contar con un equipo de mediadores/conciliadores para mediar entre mineros y concesionarios para que logren acuerdos y operen formalmente. El objetivo debería ser no luchar contra la informalidad, sino hacer más accesible la formalidad en los espacios territoriales donde hay más potencial que existan pequeños mineros formales.