Otra vez hemos visto al gobierno manejando mal un problema minero-ambiental. El conflicto se había suscitado entre MINAM y Southern. La empresa aducía que no existe en el mundo tecnología para cumplir la nueva norma de calidad de aire, que rige en todo el Perú, a partir del 01 de Enero de 2014. A este reclamo eminentemente técnico, la respuesta del MINAM fue totalmente legal: “esta norma existe desde 2008 y ha habido tiempo para cumplirla”. En el interin, salió una noticia de que los trabajadores metalúrgicos habían sido notificados del cierre eminente de su centro de labores. Los lectores supimos lo que se venía: otro conflicto social al estilo La Oroya.
Lo que debiera ya aprender el gobierno es que si no queremos escaladas sociales innecesarias debemos conducir los conflictos ambientales por su verdadera senda: el técnico.
Si se había hecho un monitoreo en La Oroya, Ilo, Arequipa, y Chimbote donde se había encontrado niveles altos de SO2; el paso siguiente debió haber sido investigar cómo estaban afectando estas emisiones la salud de las personas, y cuáles eran los macroemisores en términos de volúmenes de emisión. De haber encontrado afectaciones peligrosas, determinar, a través de auditorías a los macroemisores, las mejores medidas para reducir sus emisiones. Finalmente, notificar a éstos lo que hubieran detectado los estudios de riesgos a la salud y otorgar un plazo razonable y perentorio para adecuarse a la nueva norma, dependiendo de la tecnología que venían utilizando, y su cercanía a centros urbanos.
Esto lo hubiera hecho un gobierno que sabe que la mejor manera de bajar costos de salud es con la prevención. En el mundo se combate a la contaminación porque ésta hace crecer el gasto en salud pública.
Todos los pasos que recomendamos en el tercer párrafo demandan esfuerzo a los funcionarios y presupuesto, pero los resultados al país serían mejores que exigirle a la empresa que prepare un estudio demostrando que no existe una tecnología “viable y disponible” . (¿”Viable” desde un punto de vista técnico o económico?)
El gobierno tiene que darse cuenta que tiene que ganarse la confianza de la población pues la está perdiendo dando normas que la mayoría desconoce si son adecuadas o no; o que en el camino retrocede ante el anuncio de una movilización social.
El proceso de fundición aumenta el valor agregado de la producción minera. Brinda puestos de trabajo altamente remunerados pero por otra parte genera contaminantes atmosféricos en grandes volúmenes por emisiones fugitivas y por sus chimeneas. Se crea una neblina ácida y polvo por los concentrados almacenados. Por lo tanto las regulaciones que la afecten deben preservar el ambiente, la salud pública y al mismo tiempo propiciar el desarrollo económico, a fin de que nuestras industrias no se queden relegadas en los estándares internacionales.