Uno de las últimas medidas del gobierno anterior fue destinar S/. 38 millones para el primer censo de la minería pequeña y artesanal, que según sus auspiciadores permitirá al INEI recopilar información de aproximadamente 60,000 concesiones, con el objetivo de fortalecer las políticas de formalización y cerrar la brecha de información del sector. Esta medida fue parte de la Ley No. 32732 que amplió el presupuesto público, en la última semana del anterior gobierno.

Según la “Exposición de Motivos” una de las principales limitaciones para avanzar en la formalización minera es la falta de información estadística actualizada, conocer con precisión como operan miles de concesiones lo que dificulta el diseño de políticas públicas.

Definitivamente falta información precisa sobre este sector, donde se estima más del 70% operan en forma informal o ilegal; la mayoría de ellos invadiendo concesiones, que también mayoritariamente, han sido otorgadas a pequeños inversionistas.

La falta de información partió cuando se entregó el REINFO sin exigir la presentación de coordenadas georreferenciadas de la labor donde se operaba. Esto se hizo porque así el Estado se “protegió” de una legítima demanda por parte del concesionario invadido, que tendría la prueba suficiente para  solicitar la anulación del REINFO otorgado.

Ahora el Estado cree que los censistas contratados podrán verificar este dato y los actuales invasores o posesionarios diligentemente contestarán todas las preguntas sobre ubicación, producción, etc que puede ser el insumo para los programas de interdicción, apertura de procesos en la fiscalía ambiental, acusaciones de evasión tributaria de Sunat, de informalidad laboral por Sunafil,  etc.

Sin embargo, detrás de esta medida, están los promotores del velasquismo-siglo XXI, que han variado las consignas del Velascato “la tierra es para quien la trabaja”, por “la mina es para quien la trabaja”. Creen que con este “censo” podrán “sustentar” la extensión de las concesiones “ociosas” que ahora están siendo ocupadas por la minería informal o ilegal.

Ese presupuesto se debió destinar a la integración de la información geológica, ambiental, social, y patrimonial, nombrando como depositario a nuestro servicio geológico nacional INGEMMET, como gestor de la información territorial. Actualmente INGEMMET maneja la plataforma GEOCATMIN que tiene varias capas de información geológica y catastral. Esta integración de información puede permitir un mejor diseño de políticas y toma de decisiones.

Actualmente el COFOPRI es la secretaría técnica del Sistema Nacional de Catastro de Predios integrado al REGISTRO – SNCP creado por la SUNARP en el 2004, pero lamentablemente no ha logrado tener en línea la información de todos los sectores, y hasta las municipalidades tienen su propio catastro.

Este desorden debe terminar para que exista una sola fuente de información catastral y territorial, que permita mejores decisiones, con más seguridad jurídica.