El ex-ministro Carranza subrayó en su presentación en el Symposium del Oro que la minería es “la ruta más rápida a la prosperidad”, pues podría permitirnos crecer a un ritmo de 6% al año, que nos llevaría a un nivel de ingresos de US$26,000 por habitante en 15 años. Si seguimos a los ritmos actuales, quizás en el 2044 podremos alcanzar ese nivel de ingreso.
Carlos Casas en el mismo evento destacó que existe una correlación muy alta entre conflictividad y rechazo a la minería con niveles de pobreza. Esto ya lo había determinado hace años John Tilton, quien llegó a determinar que el “break-even point” estaba en sociedades con ingresos sobre los US$3,000 per capita.
La razón era que este tipo de sociedades (ingresos superiores a los ”US$3,000”) cuentan con estructuras productivas que aprovechan mejor los encadenamientos mineros. Lo que hemos podido observar también en nuestro país, Arequipa es mucho más receptiva que Cajamarca; y Moquegua, región líder en educación, firmó (aunque se demoró) un acuerdo social con Anglo American para desarrollar Quellaveco.
El análisis de Carranza nos muestra la vulnerabilidad de nuestro crecimiento pues una región (Cajamarca) alberga cuatro megaproyectos, que se encuentran paralizados a la espera de mejores momentos políticos. Apurímac es otro ejemplo donde estamos viendo una creciente inestabilidad social aun cuando la población ha mejorado ostensiblemente sus niveles de vida, en los alrededores de la mina Las Bambas, recientemente inaugurada.
¿Qué medidas se pueden tomar para que Cajamarca y Apurímac no comprometan el desarrollo que anhelamos todos los peruanos? En primer lugar, un acuerdo nacional donde se fije que las comunidades aledañas pueden vetar un proyecto minero solo si este no tiene repercusión nacional.
En segundo término, los gobiernos regionales o locales pueden ser intervenidos si sus niveles de eficiencia o probidad son insuficientes. Asimismo, como el agua es vital para la vida humana, las empresas prestadoras de este servicio también podrían recibir una mayor intervención, por las mismas razones. Finalmente, el Ministerio del Ambiente debe ser refundado a fin de que sus prioridades sean controlarla contaminación que causa daño a la salud pública.