Una  creencia general en nuestro país es que la minería siempre contamina. La verdad es que cualquier actividad que implique un movimiento de tierra o procesos químicos, que se realicen descontroladamente, puede tener impactos negativos en el ambiente. La playa de La Herradura que era de arena y ahora es de piedras, o la misma contaminación de nuestro litoral, como resultado de la descarga de aguas negras sin tratar, son buenos ejemplos.

Esta creencia que ya parece verdad de Perogrullo en nuestro país no es propio solo de miembros de ONGs calificadas como “anti-mineras” sino también hasta de abogados que asesoran a  empresas extractivas. En una oportunidad leí el descargo de una empresa que ante una multa por infracciones ambientales  adujo que como tenía una autorización de operación minera vigente y la minería contamina, no procedía la multa!!!

Esta demás decir que argumentos como este deben ser totalmente rechazados y respondidos con una seria y transparente fiscalización, para detectar a los irresponsables que creen que les dieron una licencia para contaminar junto con la concesión minera.

Pero ante esta situación surgen otras posiciones también extremas, levantando el buen concepto  de la “licencia social”, exigen que el Estado consulte la libre voluntad de un pueblo si debe o no aceptar una obra de inversión que va a tener impactos en su medio.

Si se analiza esta posición dejando de lado lo que dice la Constitución (“los recursos naturales pertenecen a la Nación”), encontramos tres interrogantes. La primera es quien es el “pueblo” que debe decidir. Tomemos el caso de Antamina, la última megainversión minera que impactó en casi un 2% el PBI; a quién se debió consultar? A la población de  Ayash, a la región Ancash o a todo el pueblo peruano? Teniendo en cuenta el impacto  en los ingresos fiscales que tiene este proyecto todo el país debió haber sido consultado.

La segunda inquietud es “cómo” se haría la consulta. Si deseamos que sea una “consulta informada”, la pregunta debería ser explícita en cuanto a todos los impactos inclusive los económicos-sociales pues las localidades mineras registran mayores ingresos, mejores condiciones de capital humano y mayor cobertura eléctrica.

Finalmente, “cuándo” se debería hacer esta consulta. Esta comprobado que si se realiza antes de la construcción, la respuesta mayoritaria es un “no”, pero si se hace después, la respuesta mayoritaria es un “si”, pues el mayor anhelo humano es tener trabajo. Hay muchos ejemplos en nuestro país. En Piura se rechazó varias veces la explotación del yacimiento Tambogrande, pero actualmente hay más de 6,000 mineros informales extrayendo oro precariamente en la región.

En resumen, no es muy simple llamar a una consulta pues una inversión minera, por su magnitud, es demasiado trascendental para una economía tan pequeña como la nuestra. Pero por esta misma razón, el gobierno debe apoyar exclusivamente al minero responsable, al que cuida al ambiente, al que respeta leyes laborales. Nunca una minería a cualquier precio.