Maria Chappuis

Análisis y Comentarios

Minería y Narcotráfico: Oportunidades que puede brindar la inversión minera en la lucha contra el narcotráfico

Opinión:
Ing. Oswaldo Tovar
Division of Economics and Business
Colorado School of Mines
oswaldotovar@yahoo.com

Según el “Estudio de profundidad sobre narcotráfico, consumo de drogas y desarrollo alternativo en cuencas cocaleras” publicado por DEVIDA en Diciembre 2007, vemos algunas cifras que llaman la atención como son:

  • El 63.5% de los encuestados sabe que el principal uso que los agricultores hacen con la hoja de coca es para elaboración de droga.
  • El 75% cree que de eliminarse el narcotráfico, las zonas cocaleras se volverían más pobres, se reduciría el comercio/ventas, y aumentaría el desempleo.
  • El 62.5% cree que quienes siembran coca lo hacen porque son pobres o porque con estos sembríos se obtienen mayores ingresos que con cualquier otro producto
  • El 69.8% está convencido que en los sembríos y cosecha de hoja de coca se utilizan a niños.

De estos resultados, se puede concluir que una de las principales razones por las que muchos agricultores siembran coca/amapola es la lucha diaria frente al bajo precio unitario de cualquier otro producto alternativo.

Efectivamente, para que el sembrar mango, palta, alcachofa, palma aceitera o cualquier otro producto alternativo sea competitivo frente a la coca/amapola, tendría que poder cubrir costo de transporte en avioneta o caso contrario, tendría que contarse con otros elementos que permitan darle mayor precio de venta (o menores costos) a esa producción como son:

  • Incremento de la seguridad en dichas zonas (garitas, puestos policiales, puestos de SUNAT)
  • Mejora en la infraestructura terrestre que permita: abaratar costos de transporte y reducir tiempos de distribución para eliminar pérdidas por descomposición de productos.
  • Industrialización de la producción agrícola primaria en centros de acopio/procesamiento para así asegurarse que podrán llegar a mayores distancias sin malograrse, lo cual también los hace más resistente a los efectos adversos de eventuales bloqueos de carreteras originados por paros agrarios o huaycos.

Pero, para que puedan darse esfuerzos auto-sostenibles en estos tres puntos, es indispensable contar con inversión pública en infraestructura, consistente en:

  • Carreteras, que permitan no sólo reducir costos de transporte y reducir pérdidas por deterioro del producto, sino también para permitir una participación más dinámica del Estado en la formalización de las economías productivas a través de una mayor presencia de instituciones como SUNAT, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, etc. Las mismas que tienen como denominador común en sus funciones, afianzar un Estado de Derecho que debe primar en la conducción de la sociedad en reemplazo del desgobierno.
  • Redes eléctricas, que permitan no sólo disfrutar de un mejor estándar de vida a nivel doméstico, sino también que permitan el funcionamiento de futuros parques agroindustriales que puedan transformar productos agrícolas rápidamente perecibles en envasados, concentrados, liofilizados que puedan alcanzar mercados más lejanos con menores mermas, y mejores precios.
  • Telecomunicaciones. Para incrementar y agilizar contactos con proveedores, clientes, transportistas, financieras, etc. Progresivamente, el valor agregado más importante que brindan las telecomunicaciones es el de poder sistematizar el potencial productivo de cada cuenca y poder planificar su producción, proyectar contratos a futuro y presupuestar crecimiento de manera sostenible, una función que ya deberían asumir los Gobiernos Regionales.

Toda esta inversión en infraestructura no puede hacerse sin contar con recursos monetarios, sin embargo, una fuente de recursos importante que aún no se aprovecha adecuadamente y que puede permitir a crear infraestructura para generar desarrollo sostenible de sectores productivos diversos es: La Minería.

Actualmente existe una cartera de proyectos importante en estas zonas tales como: Rio Blanco (Piura), Cañariaco (Lambayeque); La Granja, Michiquillay, Shahuindo (Cajamarca); Bongará (Amazonas); Pukaqaqa, Tinquicorral (Huancavelica); Pallancata, Breapampa (Ayacucho); Opaban, Las Bambas, Los Chancas (Apurimac); Accha, Constancia, Antapaccay (Cusco); Corani, Berenguela (Puno) (ver mapa), que sólo con una firme ‘decisión política’ podrían impulsarse para generar la oportunidad de obtener recursos los mismos que puedan financiar el desarrollo de infraestructura necesaria para poder viabilizar cultivos alternativos en estas cuencas.

Sin embargo, es de esperarse la oposición de grupos que no quieren que estas zonas cambien su Status Quo de económica subterránea, lo cual sólo podrá ser enfrentado por una fuerte decisión política como la de catalogar y enunciar a estos proyectos mineros como “de necesidad pública”, lo cual debe hacerse con el apoyo del Poder Legislativo y que promovería el trabajo conjunto de sectores que podrán beneficiarse del desarrollo de estas inversiones como son Agricultura, Defensa, Interior, Producción, Turismo entre otros, de esta manera podremos aprovechar al máximo –y afianzar- nuestras nuevas ‘credenciales internacionales’ obtenidas a través de la clasificación de Grado de Inversión y de ser un país en capacidad de firmar Tratados Internacionales de Libre Comercio, y que apuesta por el desarrollo sostenible y reducción de la pobreza.

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