La problemática de La Oroya es bastante antigua. En 1972, Velasco (el HugoChavez peruano) expropia y paga por este complejo metalúrgico que ya tenía 50 años de antiguedad.

En los 80s, Minero Perú construye una moderna refinería de zinc (Cajamarquilla) donde se escoge la mejor tecnología para evitar
contaminación (doble absorción).

En los 90s, ya se cuantifica en 300 millones de dólares la inversión necesaria para modernizar La Oroya. En el 92 se decide su venta lo que
ocurre en el 97, luego de una pésima asesoría del banco de inversión (los postores Glencore, Peñoles y Doe Run). Doe Run tenía antecedentes de
comprar empresas en el filo de rentabilidad por obsoletas, «exprimirlas» y quebrarlas.

Estamos en el 2013 y tenemos una nueva regulación para el SO2 que debe cumplirse el 01 Enero 2014, si sale la normativa de Adecuación antes.

1. La refinería de zinc de Cajamarquilla, con una inversión de 15 millones de dólares que está realizando actualmente la puede cumplir.
2. La fundición de cobre de Southern ha declarado que tendrá problemas para cumplir porque en el 2007 concluyó un proceso de modernización de simple absorción y para adecuarse a los nuevos límites necesita invertir alrededor de 600 millones de dólares, que no ha iniciado.
3. El complejo metalúrgico de La Oroya está demasiado lejos de poder cumplir con esta norma.
4. La fundición FUNSUR de estaño del Grupo Brescia en Pisco no emite SO2.

Esta historia es muy parecida a lo que ocurre con el azufre en las refinerías de petróleo:

Hace más de 10 años se dictó una ley para remover el azufre de los combustibles. Ni Repsol-Pampilla ni Petroperu-Talara avanzaron en cumplir con esta norma. Ahora Repsol quiere vender su refinería al Estado Peruano y Petroperu dice que necesita 3,600 millones de dólares para la modernización de Talara.

Estas historias nos deben llevar a la reflexión del actuar de las reguladoras y los errores en las estatizaciones y privatizaciones, cuando
los funcionarios por satisfacer una orden del jefe de estado de turno nacionalizaron o privatizaron sin hacer una seria evaluación técnica-económica.