El SENACE no va a reducir los conflictos sociales. Cada uno de éstos tiene su propia causalidad y dinámica. Entre las múltiples causas está la falta de confianza en que el Estado velará por los derechos de la mayoría vigilando que no se produzca un impacto ambiental no previsto. Pero el MINAM no se escapa a ésta mala imagen. En el caso de Espinar la población, y el fiscal, creen más en los informes de una practicante extranjera, que no toma en cuenta las anomalías naturales de metales pesados y utiliza laboratorios no acreditados, que en la OEFA, el organismo encargado de la fiscalización ambiental, adscrito al MINAM.

Las mesas de diálogo presididos por el MINAM tampoco han avanzado mucho. Porque el mensaje “solo el MINAM cuida el ambiente” porque no es un ministerio “productivo”, no ha calado.

Esta poca credibilidad en el MINAM radica en que no se ha impuesto como primera prioridad, en su ambiciosa agenda, el fortalecimiento de un sistema de información ambiental con indicadores que muestren a la población los resultados de las políticas ambientales que se vienen ejecutando, como todos los países lo tienen.

Hace 20 años los peruanos no creíamos en la política económica, y los indicadores (inflación, tipo de cambio, déficit fiscal) nos mostraban que íbamos senda abajo. Todo esto ha cambiado radicalmente, por la información mensual que recibimos.

Según la propuesta el SENACE estaría a cargo de la formulación de mejoras continuas de los procesos de evaluación de impacto ambiental; incluyendo los mecanismos de coordinación gubernamental, buenas prácticas de relaciones comunitarias y de participación ciudadana.

Todo lo anterior ya está en manos del MINAM hace tiempo, pues además de tener la facultad de revisar aleatoriamente todos los estudios ambientales, puede enmendarlos a través de las fiscalizaciones que realiza el OEFA.

Con marchas y contramarchas, como las que se han visto la semana pasada, el MINAM fija los estándares ambientales (LMP y ECA) y aprueba los reglamentos ambientales de los sectores también.

La promesa de que el SENACE será una “ventanilla única”, que va a agilizar los procedimientos de obtención de permisos es una falacia, pues el Estado está compuesto por diferentes estamentos, y cada uno de ellos tiene mandatos específicos que no se pueden delegar y menos renunciar. Es el caso de la Autoridad Nacional del Agua, que tiene opinión vinculante en la evaluación de estudios que comprende recursos hídricos (prácticamente todos).

Los gobiernos regionales también evalúan estudios ambientales y han creado en su organización, autoridades regionales de medio ambiente (ARMA) que paulatinamente están ganando respeto y credibilidad.

Esta medida apresurada puede hacer perder la experiencia acumulada en 19 años en los sectores energía y minas, revisando más de 6000 estudios que 35% fueron desaprobados o devueltos.