Está circulando en redes una propuesta de reforma de la Ley General de Minería que se le atribuye al último ministro de Energía y Minas del gobierno de Pedro Castillo como autor; que como todas las propuestas similares apela a razones de justicia y equidad, y pueden ser creíbles para el que desconoce la realidad de lo que realmente sucede.

Mito 1.- Concesiones inactivas: las razones por la existen muchas concesiones inactivas son por problemas de acceso al territorio, invasiones, “licencia social”, exigencia de permisos y retos técnicos. Además la estadística del INGEMMET de cuáles concesiones están “inactivas” no es rigurosa. Hemos propuesto en un comentario anterior una auditoría sobre la velocidad del proceso “caducidad y publicación” a fin de que más concesiones puedan estar disponibles. La propuesta no menciona que actualmente existen multas que se incrementan paulatinamente por no operar.

Mito 2.- Especulación: se observa en los alrededores de yacimientos interesantes. En los últimos años las exploraciones por litio en Macusani (Puno) llevo a un alto número de solicitudes de concesión (petitorios) en esa región. La caída de los precios del litio a nivel mundial está impulsando a búsqueda de apoyo político para la exploración del litio “por ser estratégico”.

Mito 3.- Establecer un límite de Extensión y Duración de 10,000 hectáreas por empresa o grupo económico y una duración máxima de 30 años es impracticable porque el MINEM no ha podido definir “grupo económico” para resolver el problema de los pasivos ambientales mineros abandonados, que están siendo remediados por el Estado. En minería no se puede establecer una fecha definitiva de duración porque una etapa tan importante como “cierre de mina” tiene que ser considerada en toda su extensión de tiempo de ejecución y vigilancia. Los problemas de deforestación que por ejemplo se observan en Madre de Dios es porque no se llevo a cabo un efectivo cierre, exigencia que desde hace más de 20 años está establecido en la normatividad minera.

Mito 4.- Crear la “Concesión Minera Especial para Pequeña Minería (MAPE)” que eliminaría el requisito del contrato con el titular de la concesión que hoy constituye “la principal barrera”. Lo que se debería cambiar son la extensión de las concesiones y volumen de producción que permite a un operador calificarse como “pequeño minero” y así ser fiscalizado por la OEFA. Se hace necesario este “sinceramiento” porque la definición internacional tiene topes bastante menores a los que rigen en nuestro país.

La negativa de los concesionarios de suscribir contratos de explotación con mineros invasores obedece a que la actual normativa minera exige al concesionario se responsabilice por los accidentes que se producen en su área y la remediación de todos los pasivos ambientales que se producen. Las “grandes” mineras han tenido que cerrar innumerables galerías (túneles) abiertos por mineros ilegales en todo el país que estaban contaminando los cuerpos de agua de la zona donde operan, que también han sido impactados.

Mito 5.- Crear la Agencia Nacional de Concesiones Mineras como organismo autónomo para gestionar “el ciclo de vida” de las concesiones. Actualmente es el INGEMMET el que administra el sistema de catastro minero, cuyo modelo ha sido replicado en muchos países por recomendación de organismos multilaterales. No se entiende cuál sería el beneficio de crear un nuevo ente público si el actual está funcionando aceptablemente y sólo necesita una auditoría de gestión para que el flujo de caducidad & publicación no tenga demoras, y los fondos que recibe por concepto de derecho de vigencia y multas sean transferidos rápidamente a las instituciones señaladas en la ley y no permanezcan en cuentas de bancos privados inexplicablemente.

En resumen esta propuesta no disminuirá la existencia de “concesiones ociosas”. Actualmente el desgobierno especialmente en las zonas rurales ha provocado numerosas invasiones y operaciones reñidas con el medio ambiente. Estas “operaciones” no están ofreciendo puestos de trabajo de calidad, las mismas que son abandonadas ante el mínimo reto técnico.

La fiebre del oro dejo en California más de 90 mil pasivos ambientales que sólo han podido ser registrados en un catálogo, pero no cerrados o remediados. Los grandes beneficiarios de este “boom” fueron especialmente los que proveían materiales y servicios. Lo mismo está ocurriendo en nuestro país, donde lamentablemente gente de mal vivir ingresa a trabajar como “personal de seguridad” y se queda desplazando con violencia al minero. Las plantas de tratamiento descargan sustancias nocivas al ambiente. La minería informal no está produciendo bienestar y desarrollo sostenible, sólo rentas efímeras. Al establecerse en zonas donde se ubican grandes yacimientos están impidiendo que se desarrollen proyectos que pagan impuestos y ofrecen puestos de calidad, donde al trabajador se le capacita constantemente además de recibir sueldos y participación en las utilidades.

En nuestro país no contamos con un análisis de seguimiento de cuanto se están desarrollando los “proveedores mineros”, muchos de ellos ex empleados de mineras que ofrecen sus servicios no sólo en Latinoamérica sino también en África y Asia. Equipo minero diseñado y fabricado en nuestro país también está siendo exportado.

En este blog creemos que estos problemas disminuirán cuando 1) se fomente las inversiones formales que absorberían a esta mano de obra que por necesidad económica acepta condiciones infrahumanas de trabajo 2) se busque que sólo exista una única minería peruana, eliminando “privilegios” a ciertos sectores con una efectiva supervisión ambiental y tributaria, 3) mayor digitalización y cruce de información por parte del Estado 4) dictando directivas para favorecer a plantas de tratamiento formales que operen en áreas de pequeña minería y 5) servicios de conciliación gratuitos entre concesionarios y pequeños mineros para suscribir contratos de explotación.