En el último CADE el pre-candidato también se refirió como solución para la minería ilegal establecer un “ENAMI-Perú” (EP) como modelo de trazabilidad, financiamiento y compra de minerales”.

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se dedicó a construir plantas de tratamiento en diferentes partes del territorio chileno que procesaban el mineral de cobre de pequeños mineros, que otorgaba “precios de refugio” cuando los precios están bajos, que serían reembolsados cuando los precios estén altos. Esto le ocasionó un forado económico que tuvo que ser cubierto por el gobierno chileno.

Cualquiera se puede imaginar que cuando las cotizaciones están bajas, los pequeños mineros van a preferir procesar en las plantas de EP. Pero cuando suceda lo contrario, definitivamente buscarán alternativas que no les exijan pagar el “precio de refugio” que recibieron. También nos podemos imaginar cómo se manejaría políticamente el “precio” que EP.

Además RLA afirma dice que este sería un camino “seguro” para la trazabilidad del origen del mineral…eso sería cierto si el que entrega ese mineral no miente. Pero lo que hacen los informales es obtener una concesión legal o con Reinfo, y declaran que todo el mineral que entrega ha sido extraído allí; y la única forma de detectar la falsedad de su declaración es sólo  cruzando información con imágenes, reportes de compras de explosivos, combustibles etc.

Es obvio también que la mayoría de mineros informales conoce que la información de la EP va a pasar a la SUNAT, que los puede perseguir por estos ingresos, por lo que las plantas de EP definitivamente no serían las preferidas, aun cuando podrían ofrecer un precio más bajo, por economías de escala y procesos metalúrgicos más adecuados; que los cientos de plantitas que proliferan en todas las regiones del país, cuyo número, características, y volumen de producción nadie conoce.

Para replicar el modelo EP también hay que observar el mapa de ubicación de los centros de producción informales: es casi todo el Perú. Surge entonces la pregunta: el Estado Peruano va a construir una planta de tratamiento  en todas las provincias mineras? Para su diseño, que cifras va a usar para dimensionar su tamaño?, qué tipo de mineral va a estar en posibilidad de procesar?. Si la “licencia social” y los permisos están demandando a las empresas formales varios meses de gestiones interminables, se entiende que las plantas EP también tendrían que cumplir con estos requisitos?

Desde el punto de vista ambiental, la planta EP es ideal. Es una planta formal que almacenaría bien sus desechos y controlaría sus descargas; lo que no hacen los cientos de plantitas autorizadas por los gobiernos regionales.

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta propuesta es un imposible, se podría otorgar una “certificación EP”, que serían plantas de propiedad privada,  que podrían gozar de algún beneficio estatal, para controlar la proliferación de plantitas contaminantes. Estas plantas podrían tener mercado si se cierran éstas últimas.

El precandidato RLA hizo un reconocimiento a la “minería ancestral” en una entrevista RPP y para explicar su posición menciona las actividades mineras que hacía su abuelo, posiblemente en los años 40. La diferencia entre la pequeña minería de hace casi 100 años con la actual es el volumen de producción y el número, por lo que sus efectos acumulativos en el ambiente son peores. En el pasado, el minero artesanal trabajaba con picos, palas y carretillas. Ahora utiliza equipos de movimiento de tierras de gran tamaño. La pregunta que surge es Qué criterios se va a utilizar para calificar a un minero como “ancestral”? qué muestre fotografías del padre y del abuelo, haciendo minería en ese lugar? Será un certificado de “posesión minera” de varias generaciones? Hasta cuándo? Se le eximirá de todas las obligaciones de cierre de minas? Tendrá un derecho de preferencia?. Esta es otra propuesta que es imposible de definir legalmente.

Al parecer RLA cree que el minero ancestral no contamina, pero el que opera en Madre de Dios si lo hace para lo cual habría que continuar con las interdicciones que son costosas, ineficaces y fuentes de corrupción.

Finalmente RLA mencionó de un apoyo estatal para la exploración de litio en Puno porque “está muy lenta”. Sus asesores deberían saber que las perspectivas del precio del litio no son buenas. Además, Bolivia alberga más del 50% de reservas de litio del mundo, y es parte del “triángulo blanco” con el norte chileno y argentino, donde sí están avanzando los proyectos de explotación de este mineral. El presidente Rodrigo Paz anunció también que impulsará los megaproyectos de litio en su país.

Si los que exploran litio en el Perú no encuentran financiamiento, el Estado Peruano no debería intervenir.

Todos nuestros políticos que pretenden “solucionar” la minería ilegal que prolifera en todo el Perú debería comenzar leyendo un poco la historia de la fiebre del oro en California, qué ocurrió, quienes fueron los grandes beneficiarios y qué impactos ambientales dejo.

La única solución es promover la minería formal, los megaproyectos que causan un impacto multiplicador y pueden brindar puestos de trabajo de calidad.