El diario inglés “The Guardian” reportaba el 14 de enero el inicio del rescate de mineros artesanales sudafricanos (llamados zama zama) que impulsados por el precio del oro invaden minas subterráneas y agotadas. Se estima que hay cerca de 30,000 “zama zama” que están produciendo el 10% del oro que produce Sudáfrica de 6,000 piques, controlados por sindicatos criminales violentos. El gobierno ha tenido que instalar un winche que eleve a la superficie a los “zama zama” moribundos (unos 1,500) así como más de 100 cadáveres, de labores mineras ubicadas a más de 1900 metros de profundidad, y más de 45 grados de temperatura, en Buffelsfontein, una famosa mina ahora invadida. Las autoridades habían iniciado a finales de 2023 la operación Vala Umgodi (taponear huecos) lo que impulso a los zama-zama a negarse a salir a superficie para no perder su “veta”, exponiéndose así a una muerte segura por falta de alimentos y agua.
Una semana después los diarios brasileños mostraron un video donde miles de “garimpeiros” huían rápidamente hacia Venezuela, para evitar ser detenidos por la policía de ese país.
Estas noticias internacionales nos muestran lo difícil que es enfrentar este fenómeno, y las condiciones infrahumanas del trabajo de los pequeños mineros. Sin embargo, la solución no es ampliar las áreas donde puedan invadir y extraer oro. Al parecer, esa sería la intención de la Mesa de trabajo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde se está discutiendo la propuesta de una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, conocida como ley MAPE.
Para lograr este “objetivo” se está publicando estadísticas mal calculadas sobre áreas que albergan las reservas futuras de la gran y mediana minería calificándolas como “concesiones ociosas” y promoviendo una nueva categoría “mineros ancestrales”. Como se sabe la minería tiene que reponer los recursos que extrae para asegurar su futuro. Por esta razón explora en las inmediaciones de sus operaciones o en zonas con potencial, por lo que no pueden entregarse a mineros informales que llegan acompañados de grupos violentos, que siembran el terror, como estamos viendo en Pataz, donde no sólo hay áreas donde la minería formal no puede operar, sino el gobierno no puede imponer un poco de orden.
En el proyecto de la ley MAPE que envió el Ejecutivo planteó que nuestro servicio geológico nacional (INGEMMET) identifique las zonas con potencial minero, donde no trabaja la gran minería dentro de sus concesiones, y donde los mineros “en proceso de formalización” (léase con REINFO prorrogado ad infinitum) podrían desarrollar sus actividades. Esto coincidió con sospechosos cambios dentro del INGEMMET, una institución altamente meritocrática, donde sin ningún sustento, ciertas posiciones pasaron a ser “cargos de confianza”.
Lamentable que nuestro servicio geológico, que debería ser una institución dedicada únicamente a ampliar el conocimiento del potencial geológico, le designen un papel decisorio en cuestiones que no son fáciles de discernir, para que así reciba presiones tanto de la gran minería como de los miles de pequeños mineros, que se han convertido en un botín electoral apetitoso para nuestros políticos.
Para comenzar a ordenar y regularizar la actividad informal minera, se debería sistematizar y cruzar toda las bases de datos disponibles. Algunas voces piden un censo, pero tratándose de actividades ilegales/informales lo más adecuado sería analizar imágenes satelitales, para evaluar la expansión de las actividades de pequeños operadores y sus rutas de traslado del material extraído, y fundamentalmente “separe el trigo de la paja”.