La noticia minera más saltante de las últimas semanas es la caída de las cotizaciones internacionales de los precios de todos los metales. El cobre que alcanzó un precio de US$4.9/lb en marzo ha caído a niveles de US$3.6/lb; y los especialistas internacionales estiman que se mantendrá en ese nivel hasta finales 2023 y comienzos de 2024. Este precio tan bajo no se registraba desde finales del 2020.

Las repercusiones, ya fueron señaladas por SE: se reducirá el crecimiento económico, se elevará el déficit fiscal y se presionará al alza el tipo de cambio. Por lo tanto el precio de los combustibles tendrá que subir, junto con la inflación, y el malestar ciudadano.

El 2021 quedará para el recuerdo por los excelentes precios y las largas paralizaciones; un año donde los inversionistas mineros tuvieron utilidades importantes, pagaron deudas, inclusive a SUNAT (bajo protesto) pero no reinvirtieron. Lamentablemente el MEF creyó que ésta bonanza iba a seguir durante este año. Finaliza próximamente la construcción de Quellaveco y la ampliación de Toromocho, y no se vislumbra ningún otro proyecto importante. El MINEM anunciaba para este año el inicio de la construcción de Corani, San Gabriel y de Yanacocha-Sulfuros; pero sus propietarias no han hecho ningún anuncio al respecto. Las noticias que aparecen sólo son sobre la tensión que continua con las comunidades en Las Bambas y en Cuajone.

Sin la intervención del Estado y la declaración del estado de emergencia, todas las medidas extorsivas van a continuar y posiblemente se extienda hacia otras operaciones. El desgobierno actual se ha traducido en el rechazo bastante generalizado entre las comunidades hacia cualquier actividad exploratoria formal e inclusive a operaciones antiguas, con argumentos pueriles como que “mejor-que-se-vayan”, como si los recursos minerales no fueran necesarios para el país.

La pregunta que surge es que va a suceder cuando caiga el gobierno de Castillo. El daño ya está hecho. Van a pasar años para recuperar la confianza de los inversionistas. La gestión durante los  gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo ha sido pésima. Y si el MEF quiere balancear sus ingresos, lo único que queda es hacer lo que se hizo en 1990: poner bases militares cerca de las operaciones extractivas que eran extorsionadas por Sendero.

Recuperar la confianza para que se vuelva a invertir en el país va a ser una tarea titánica. Las empresas van a tener que replantear todas sus políticas comunitarias, buscando una mayor eficiencia, sin dejar ningún cabo suelto.