En setiembre último, se presentó un informe sobre la competitividad de Argentina, Chile y Perú en materia tributaria minera, que mostraba a Argentina como el régimen más atractivo, por su doble devolución durante la etapa de exploración. Mientras que Chile era el menos atractivo.

Esta preocupación fue captada por el presidente Piñera, que tomó el mando en marzo, y acaba de ordenar las primeras medidas para acelerar la ejecución de sus proyectos mineros en cartera, que se estima en US$65 mil millones, iniciativas que son similares a los que se tomaron en el MINEM el último año.

El gobierno chileno ha creado la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) que no solamente acompañará a los inversionistas sino propondrá políticas para reducir trámites y aligerar la puesta en ejecución de los proyectos. Canadá y Australia tienen este tipo de oficinas, con resultados bastante alentadores. La asesoría del Vice Ministerio de Minas realizaba este encargo, que se pretende institucionalizar en una nueva dirección general de promoción y políticas mineras que se crearía en el MINEM.

Otras medidas anunciadas por el Presidente Piñera son la actualización más frecuente del catastro minero; permitir que revisores independientes realicen inspecciones; ventanilla única para permisos ambientales y aceptar que en el trámite ambiental se omita considerar el pronunciamiento de instituciones cuando éstos no están fundados.

Nuestro catastro tiene un sistema mucho más moderno que el chileno y el otorgamiento de títulos se demoraba no más de 3 meses, hasta que se dictó una ley para favorecer la forestación, cuyo mala redacción ha incrementado éste trámite a más de 9 meses.

En Chile se ha creado una Comisión Asesora para elaborar una política minera 2018-2050, para que los que vayan a invertir sepan que les depara en el largo plazo. Las exploraciones también están siendo estimuladas, porque el gobierno está preocupado que desde hace 20 años no se ha registrado ningún descubrimiento importante. En nuestro país tampoco, porque los yacimientos que afloran ya son todos conocidos, y se tiene que hacer más estudios para detectar yacimientos en profundidad.

La presidenta Bachelet derogó el DL 600, que otorgaba estabilidad tributaria a los emprendimientos. El nuevo gobierno está estudiando el tema, así como las garantías para el cierre de minas, como remediar pasivos ambientales y la posibilidad de construir una nueva fundición que no sólo sean rentables sino que capturen 99% de gases y recuperen por lo menos 14 metales.

El sustento para todos estos cambios es contundente: ningún país puede darse el lujo y mucho menos uno que aspira a ser desarrollado de mantener por años, proyectos de inversión necesarios sin concretarse.

Competimos con Chile en la atracción de inversiones. Nuestro vecino se jacta de sus bajos niveles de corrupción y más infraestructura.  En el último año se han hecho muchos esfuerzos para lograr que los grandes proyectos avancen, como Michiquillay, Minas Justa y la Ampliación de Toromocho.