Según El Comercio del día de hoy, el Vice Ministro de Minas anunció ayer que el gobierno ampliaría el PAMA a Doe Run Peru  (DRP) en 11 meses si la minera realiza una propuesta viable que incluya una inyección de capital de US$ 100 millones por parte de los accionistas y la puesta de sus acciones como garantía del cumplimiento del PAMA.

En una asamblea realizada ayer en La Oroya los trabajadores anticiparon que tomarían medidas de fuerza para presionar al gobierno para que apruebe la ampliación del PAMA.

También el día de ayer Alfredo Bullard comentaba en su blog, con clara referencia al Proyecto de Ley 3368, que se pretende cambiar las reglas de juego, buscando declarar la insolvencia de una empresa con una simple solicitud de los trabajadores, así no se les deba dinero a ellos, creándose un “procedimiento concursal especial” que es un “procedimiento de expropiación especial”.  Según Bullard este “invento” tiene además nombre y apellido, pues se refiere a DRP y refleja la búsqueda del gobierno por controlar una situación que sólo le corresponde a los acreedores y a la empresa deudora arreglar, saltándose a la garrocha las reglas ya existentes.

Recordemos que según la Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Transferencia suscrito por DRP y el Estado Peruano cualquier desavenencia se resuelve mediante un arbitraje de derecho, con carácter internacional en Londres, según las reglas y procedimientos del UNCITRAL (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil internacional).

Pero qué se puede hacer?

El problema es qué pasa con los trabajadores, en caso que Doe Run Peru no llegue a un acuerdo de solución con sus proveedores, a quienes les adeuda más de 100 millones de dólares. Sin este acuerdo, los hornos de la fundición no podrán ser prendidos, cualquier sea su administrador.

En España existían diversas áreas tradicionalmente basadas en la minería del carbón que vieron disminuir su actividad económica cuando comenzaron a cerrar diferentes minas. Con el objetivo de reducir el impacto social y económico ocasionado por esta situación, en 1997, se creó el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.|

Este Instituto concede asistencia para promover el desarrollo de proyectos en dichas zonas que generen actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo. Tres son sus áreas de acción:

1. Proyectos de Infraestructura. A través de ellos se impulsa la implementación de proyectos empresariales generadores de empleo al mejorar la accesibilidad a las zonas y la disponibilidad en ellas de suelo industrial bien dotado. La ayuda sólo es aplicable a las zonas que se encuentren en el anexo del Plan de la Minería y/o en los anexos de los protocolos firmados con las comunidades autónomas. Existen prioridades a la hora de la concesión de ayuda económica para proyectos de desarrollo de infraestructura, tales como: transportes y comunicaciones; suelo industrial; ordenamiento del  territorio; educación; medio ambiente; abastecimiento y saneamiento de aguas; infraestructuras agrícolas, ganaderas y turísticas; vivienda y urbanismo.
2. Proyectos empresariales generadores de empleo: tienen como objetivo principal la actividad socioeconómica y el empleo en zonas sometidas a la reestructuración de la minería del carbón. La ayuda se concede previa convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
3. Formación: los objetivos de este programa de ayuda y becas son:
   a) Apoyar la formación en las zonas mineras del carbón, orientada a mejorar las posibilidades de empleo.
   b) La concesión de becas de estudios a los jóvenes de las cuencas mineras. El ámbito de las becas se extiende a: formación escolar y universitaria; estudios en el extranjero y curso de idiomas.

España tiene una experiencia de más de 12 años en desarrollo alternativo en áreas, que al igual que lo que está ocurriendo con La Oroya, se cerraron operaciones que constituían la base económica.