El 6 de Noviembre próximo se cumplirán 17 años de la dación del D.L.708, Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero que transformó sustancialmente al sector logrando efectivamente un crecimiento de la producción: 17 veces en oro, casi cuatro veces en cobre, dos veces y media en zinc y casi el doble en plomo y plata. La filosofía de la mencionada norma no fue solamente la explotación acelerada de nuestros recursos mineros, antes que por el avance de la ciencia devengan en obsoletos, sino también la participación de las regiones en los beneficios de esta industria, pues dispuso para éstos la redistribución del 20% del impuesto a la renta pagado por los titulares mineros.
Este aniversario encuentra al sector con problemas por resolver inmediatos como son la discusión de los parámetros por la distribución del canon entre regiones que comparten titulares mineros, o el rechazo de algunas poblaciones no sólo a actividades mineras que podrían percibirse como riesgosas sino también a modernas y seguras instalaciones para ensayos metalúrgicos, que aunque son pequeñas están estudiando innovaciones que transformaran la extracción minera en todo el mundo.
Este rechazo social lamentablemente no es selectivo. No se aprecia una correlación directa entre el reclamo y la contaminación comprobada o con la existencia de pasivos ambientales. Tampoco se observa una relación inversa con la dación de normas de participación ciudadana, o con aportes del canon. Lo que si guarda una alta correlación es el incremento de conflictividad con la ausencia de recursos humanos suficientes en las instituciones rectoras. Se sabe que en los últimos tres años ha crecido en 50% el número de titulares mineros, pero no así el número de profesionales técnicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), encargados de revisar estudios y otorgar licencias, a los numerosos proyectos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo como a las actuales operaciones que sustentan el 62% de nuestras exportaciones.
Pero el MEM para recuperar el liderazgo no sólo tiene que aumentar sus contrataciones de personal técnico, disputando recursos humanos con la industria que mejor paga en el país, sino también pasar por una reingeniería para adaptar su organización a la nueva estructura regional del país pero sobre todo al acelerado crecimiento de la cultura ambiental, y las necesidades de información de la población, por lo que debiera simplificar sus procesos, a través de una efectiva sistematización, y racionalizar su personal administrativo para derivar estos recursos hacia las áreas netamente técnicas. De esta manera podría levantar no sólo sus estándares de transparencia e imparcialidad sino el aprecio por la minería, que es un tema bastante preocupante para el futuro del país.
Diario El Comercio: Ver Artículo