La semana pasada llegaban de Chile noticias que en la primera semana de gestión del presidente Kast se anunciaban 2 proyectos mineros con una inversión de US$12,500 millones de dólares que serían ejecutadas por empresas mineras que también operan en nuestro país, pero que no han realizado ningún anuncio similar.

También la prensa internacional daba cuenta que el proyecto Zafranal, ubicado en Arequipa, que según las declaraciones de nuestros funcionarios gubernamentales entraría en fase construcción este año, pasaría a una fase de “stand-by” denominada “cuidado y mantenimiento”.

Ante estas noticias nuestra Comisión de Energía y Minas del Congreso no tuvo mejor idea que aprobar un dictamen que venía revisando desde hace más de 2 años, para evitar lo que denominaron como concesiones “ociosas” usando argumentos pueriles. Lamentablemente contaron en un inicio con opiniones del INGEMMET que aportó data de dudosa rigurosidad. Según nuestro servicio geológico el 1.59% del territorio están ocupadas por  “concesiones efectivas”, pero no publicaron los criterios que utilizaron para calificarlas como “efectivas”.

Con esta “opinión” la Comisión parte su análisis y afirma “que amplios sectores del territorio nacional con potencial minero se encuentran congelados y no generan recursos fiscales ni canon” (página 26). Esta afirmación sería cierta si en nuestro país no habría  invasores, o mineros con REINFO, y que la superficie fuera totalmente plana y no hubiera ningún problema de acceso, entre otros problemas de permisos, de posesión de tierras etc.

Seguidamente afirman “la distancia entre el número de concesiones otorgadas y la actividad real alimenta una narrativa muy difundida de que todo está concesionado pero no vemos beneficios…Ello contribuye a la desconfianza a la minería, a la conflictividad y a la resistencia hacia nuevos proyectos”. Si la oración principal fuera intercambiada con la subordinada sería cierta.

Prosiguen  afirmando en la página 31 que las concesiones ociosas sirven como plataforma jurídica (sic) para transacciones especulativas y acuerdos con la minería informal, dificultando la política de formalización. Se estima que el 70% de concesiones ocupadas por mineros informales o sin REINFO, pertenecen a otros pequeños mineros (no a grandes empresas) por lo que la queja general es que es injusto suscribir un Contrato de Explotación (exigencia para obtener la formalización) con un pequeño propietario que sólo ha invertido en la obtención de una concesión en el INGEMMET para especular en su alquiler o venta; y muchas veces exige una regalía muy alta al pequeño operador. Pero este dictamen no soluciona ese problema: no reconoce la existencia de este tipo de transacciones, ni las obligaciones exigibles al concesionario ni a su operador. La Comisión dice que ha revisado la legislación canadiense y australiana donde exigen la presentación de un “Work Progress” y/o “Mineral Assessment Work Report”, que aquí también se exige para comprobar la inversión mínima, si no se cumple con la producción mínima.

Lo que es realmente preocupante y la Comisión no lo ha analizado es que según Cooperaccion 20 millones de hectáreas están concesionadas (que corresponde al 15.1% del territorio nacional) pero esta cifra se ha estabilizado  desde 2016 (página 31). La respuesta es muy simple: no hay incentivos para la exploración. Los trámites de permisos ambientales se basan en criterios redactados por abogados que desconocen totalmente el impacto ambiental que puede por ejemplo tener el acceso a una plataforma o si la perforación es diamantina o de aire reverso. El mínimo cambio hace necesario la presentación de otro estudio. Además la precariedad de la propiedad de los terrenos superficiales. Muchas empresas mineras operan en terrenos en posesión de comunidades, pero que fueron confiscadas a propietarios legales hace 50 años. Sin embargo, en el dictamen aprobado por la Comisión se menciona “acuerdos de participación en beneficios, incluyendo acciones preferentes” etc. y no se resuelve la falta de legitimidad de las comunidades, y su gobernanza.

Finalmente, el 16 de marzo, el Banco Mundial anunció que su directorio había aprobado un proyecto de US$ 200 millones al Perú para el sector minero, mejorar la información geocientífica, modernizar el sistema de permisos y reforzar la capacidad institucional. El semanario Hildebrandt 13, en su edición del 20 de marzo último afirmaba que la puja actual por el MEM se debe a que estos momentos hay mucho en juego, desde la privatización de Petroperu hasta el REINFO. Porque en las próximas semanas el MEM hará una licitación millonaria para contratar a una empresa que se encargue del REINFO.