Rafael López Aliaga se presentó en el último CADE a exponer su plan de gobierno, que en la parte dedicada al sector minero se podía leer lo siguiente: “ENAMI-Perú modelo de trazabilidad, financiamiento y compra de minerales. Áreas ociosas: revierten al Estado”. Al día siguiente Bloomberg recogía con alarma este último punto.

Pero qué son las áreas “ociosas”? nuestra legislación no ha definido que se entiende por “ociosa” pero lamentablemente es un tema que ha surgido en las discusiones sobre si se amplía el REINFO.

Para entender un poco este tema comencemos a describir que sistema tenemos. Nuestro servicio geológico nacional (INGEMMET) administra el sistema de concesiones mineras, que se ubican sobre una cuadrícula, información que es  de fácil acceso al público y que forman el catastro minero. Cualquier persona puede conocer si determinado lugar está concesionado o está libre.

Para mantener la concesión se debe pagar anualmente un derecho de vigencia o penalidad; y se supone que el sistema informático del INGEMMET debería arrojar un reporte sobre las concesiones que quedan caducadas para su inmediata publicación como “área libre para ser denunciada¨. El proceso de “caducidad & publicación”  no funciona “rápidamente” por lo que el primer paso del órgano rector debería ser una auditoría a fin de detectar omisiones a lo dispuesto por la ley.

Se entendería por el adjetivo que una “concesión ociosa” es la que no produce. Pero en la minería no se puede calificar tan ligeramente porque no produce. Hay muchas áreas concesionadas que no están en exploración o en explotación y las razones son extensas. Legalmente en nuestro país no se puede explorar o explotar si no se cuenta con una serie de permisos. Además la falta del principio de autoridad ha favorecido las extorsiones e invasiones de comunidades aledañas que han impedido el desarrollo de operaciones legales. Recordemos que nuestro país detenta el mayor porcentaje de proyectos cupríferos paralizados  a nivel mundial. Pero no sólo los permisos, o los conflictos (la falta de ¨licencia social¨) están impidiendo que “no operen” algunas concesiones. También muchas enfrentan desafíos técnicos que requieren numerosos estudios. A manera de ejemplo, Quellaveco requirió más de 38 estudios que evaluaban donde conseguir el agua necesaria para su entrada en operación.

Para complicar más la posible definición de “concesión ociosa” la geología permite que dentro de un área se pueden encontrar vetas muy ricas, que son un atractivo para los MAPE y yacimientos de gran volumen, que “mueven la aguja del PBI”. La gran pregunta es: Qué pretendemos como país?

Actualmente el precio del oro y la pobreza rural está provocando una “fiebre del oro” como ocurrió en California, que dejó más de 90 mil pasivos mineros, que sólo han sido catastrados y son imposibles de remediar por la inversión que requieren. Se ha estimado que la remediación de un pasivo ambiental de este tipo cuesta US$ 500,000.

Es una simpleza afirmar “si está ociosa revierte al Estado” porque lo que está ocurriendo es que está invadida por mineros ilegales que no van a abandonar sus operaciones rudimentarias así “revierta al Estado”.

Para una mejor definición de políticas, el INGEMMET debería con la ayuda de imágenes satelitales dimensionar que áreas en nuestro país no están “ociosas” debido a actividades de la minería informal o ilegal.

En resumen, es un imposible definir cabalmente que es una concesión ociosa.