El feo recuerdo que nos dejas

La problemática en torno a la remediación de los pasivos ambientales mineros

Por María Chappuis

Pese a que existen normas que responsabilizan a los titulares mineros de los daños que sus actividades causan al medioambiente, el desconocimiento –lindando con la desidia en algunos casos- ha evitado que se priorice la vigilancia sobre el diseño, los efluentes y la rehabilitación de las minas una vez que dejan de operar. De hecho, los reclamos de la sociedad civil al respecto no son recientes y han degenerado incluso en violentos enfrentamientos. Basta recordar lo ocurrido en los años treinta con la mina Tamboraque, cuando una población enardecida por los humos arsenicales atacó la pequeña fundición ubicada en las nacientes del río Rímac.

Como se recuerda, en 1993 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dictó una serie de normas exigiendo estudios de impacto ambiental para los nuevos proyectos y programas de adecuación -de plazo perentorio- para las operaciones en actividad. Lamentablemente, los ciclos de precios bajos obligaron a numerosas empresas mineras a abandonar sus labores, Así muchas minas quedaron paralizadas sin haberse realizado obras para impedir el colapso de las presas que albergaban sus residuos o que contenían las aguas ácidas que por lo general discurren de algún área mineralizada descubierta.

Esto es lo que se denomina comúnmente un “pasivo ambiental minero”. Éstos se encuentran en diversas magnitudes por la costa y sierra del Perú, pero lo más problemático es que en muchos casos no se sabe quiénes fueron sus autores y, por tanto, no hay cómo exigirles una reparación.

¿Cuán grave es la situación?

Hace tres años el Minem identificó 611 pasivos ambientales mineros. Sin embargo, una última actualización elevó la cifra a 850, concentrando Áncash, Puno, Ayacucho y Huancavelica el mayor número de éstos. No obstante, la dificultad para medir las áreas impactadas así como la intensidad del daño causado impiden conocer la real envergadura de estos últimos.

Por lo pronto, se ha estimado que la rehabilitación de los pasivos ambientales mineros de responsables desconocidos demandará a los contribuyentes peruanos por lo menos US$700 millones, aunque el carácter estimativo de los estudios realizados y la lentitud en la implementación de medidas podrían elevar aún más esta cifra. Cabe indicar que, según la ley que regula los pasivos ambientales mineros, éstos deben ser asumidos progresivamente por el Estado, estando encargado el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam) de captar los recursos necesarios para su remediación.

Es importante recalcar que cuando el Estado vendió los activos mineros de Centromin en más de US$1,800 millones, se reservó la obligación de remediar los impactos ambientales de estos últimos, con una inversión estimada en US$100 millones. Sin embargo, algunas decisiones desafortunadas que se adoptaron luego, como limitar los aportes del Estado para cubrir necesidades fiscales o la inaudita “privatización” de pasivos que emprendió Proinversión y su posterior transferencia al Minem, sólo restaron tiempo y recursos frente a lo que pudo haber sido un Estado dando el ejemplo sobre responsabilidad ambiental.

¿Qué se está haciendo?

En ese contexto, cuando los precios de los metales comenzaron a subir y reapareció la exploración extensivamente en el país, algunos pasivos ambientales quedaron dentro del área de nuevas propiedades mineras, cuyos inversionistas decidieron remediar aun cuando esto no era de su responsabilidad y sin esperar recibir a cambio los Bonos de Responsabilidad Social Ambiental que ofrecía la ley.

Tal es el caso de Barrick en Alto Chicama y de Xstrata en Las Bambas. El proyecto cuprífero Toromocho, de Peru Copper, ha ofrecido un planteamiento similar con respecto a las aguas ácidas del túnel Kingsmill, que piensa reutilizar. Por otro lado, como parte de su política de responsabilidad social, empresas como Buenaventura, Goldfields y Yanacocha decidieron aportar al Fonam recursos para remediar la cuenca del Llaucano en Hualgayoc.

Desafortunadamente, quedan en el país numerosos pasivos ambientales mineros, la mayoría de ellos originados por pequeños productores que usan mercurio sin ningún control. Así, obtienen oro a costa de contaminar ríos y cuencas, siendo el mercurio el elemento más difícil de mitigar ambientalmente por su capacidad para afectar áreas lejanas. Recientemente una información periodística -sin confirmar- alertaba sobre presencia de mercurio en embarques de espárragos y harina de pescado devueltos.

¿Qué debe hacer el Estado?

• Ser ejemplo: no malgastar recursos públicos en emprendimientos “imaginativos”, que por su mala concepción están destinados irremediablemente al fracaso. En esa línea, no tiene sentido que el Minem busque remediar los pasivos ambientales de Centromin -al que quiere desaparecer, pero para fortalecer la nueva “Activos Mineros SA”- abriendo una cuenta denominada “Fideicomiso Ambiental”, olvidándose que es un ente normativo y que esta alternativa -que sólo favorecerá la creación de más burocracia-, lo puede llevar a paradojas como tener que multarse a sí mismo.
• No permitir más pasivos: la promoción de un cambio de conducta, que incentive las “buenas prácticas” y la vigilancia cabal no sólo de parte del Estado sino también de los gremios mineros y la sociedad civil, impedirá que se gesten nuevos pasivos, y así nuevas obligaciones para los peruanos. Se debe aprovechar el actual ciclo de precios altos para diseñar y construir instalaciones que reduzcan los impactos ambientales y los costos de limpieza al cierre de la mina o fundición, según sea el caso. También es importante ejecutar un programa efectivo de formalización de la minería ilegal, que por usar indiscriminadamente mercurio y cianuro viene generando serios problemas que será muy costoso remediar en su momento.
• Redefinir las tareas de Fonam: para que se enfoque en la búsqueda de financiamiento dentro del país en lugar de participar en la ejecución técnica de la remediación de los pasivos. Esto, a fin de asegurar la permanencia del esfuerzo. En este sentido, debería replicarse la experiencia alemana -el mayor esfuerzo mundial realizado con un presupuesto superior a US$6,000 millones en 15 años-, cuyo éxito radica en ser dirigido por un comité ejecutivo integrado por representantes del gobierno central y regional, que buscan aportes dentro de sus presupuestos, mientras que la ejecución técnica está a cargo a LMBV, la antigua minera estatal.
• Asegurar la defensa del Estado: ante posiciones como la de Doe Run Perú que pretende que Centromin asuma la remediación de las áreas que están siendo afectadas por las emisiones que actualmente producen sus operaciones en La Oroya, hasta que concluya su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama) ampliado. Esto, para impedir que se siente el precedente de que “el que contamina no paga”.

El Perú tiene ingentes recursos minerales sin explorar, por lo cual es imperioso que no se retrase su desarrollo por la oposición de una población que por generaciones sólo vio impunidad frente a reclamos válidos. Los problemas ambientales se solucionarán si se favorece la discusión técnica. Países de larga tradición minera como el Perú han creado centros de excelencia técnica a partir de sus experiencias exitosas, patentando tecnologías innovadoras que limpian el ambiente a bajos costos. Tal es el caso del Programa Ambiental para la Neutralización de Drenaje de Minas (MEND) en Canadá, el Centro de Rehabilitación de Áreas Mineras de Australia o su similar en Gran Bretaña, mientras que Chile ha decidido enfrentar este problema comenzando con un inventario de pasivos ambientales mineros, debidamente categorizado por los riesgos físicos y a la salud humana que conlleva cada emplazamiento.

Fuente: semana económica