Se viene discutiendo hace años como “legalizar” las invasiones a concesiones mineras formales por parte de mineros ilegales. Según algunos reportes el 90% de las áreas que ocupan los mineros amparados por el REINFO son ajenas.

En este afán se ha resucitado conceptos como “propiedad ancestral” o “tierras ociosas”, que fueron el principal argumento para la “reforma agraria” de principios de los años 60´s, cuando el entonces presidente Belaúnde prometió expropiar las haciendas invadidas. Lo que no se concreto porque a las pocas semanas habían más de 500,000 hectáreas ocupadas por comunidades vecinas (que habían sido creadas en 1920) que alegaban tener títulos ancestrales y los políticos para sustentar su “apoyo” (al bolsón electoral) las calificaron de “ociosas”.

Sesenta años después encontramos a muchas de estas ex – haciendas, ocupando los primeros lugares en el Listado de Principales Contribuyentes con mayor deuda tributaria de la SUNAT, comunidades como la de Pararin con 240,000 hectáreas, la mayoría sin trabajar, y la sierra peruana liderando los índices de pobreza.

Los US$ 12,399 millones de agroexportación que se alcanzaron el año pasado vienen mayoritariamente de terrenos arrancados al desierto, o de nuevas irrigaciones; junto con  fuertes inversiones previas que llegan fácilmente a los 50,000 dólares por hectárea.

Por el lado minero las inversiones siguen estancadas hace varios años en alrededor de US$ 5,000 millones anuales, destinadas a mantener niveles de producción, que reciben el nombre de “reposición”. Las razones son conocidas; el régimen tributario es de los más exigentes del mundo, el acceso a terrenos para explorar o ampliar operaciones ha sido muy dificultoso por el rechazo de las comunidades que las ocupan que si acogen al pequeño minero artesanal, y la tramitología excesiva para el que quiere trabajar formalmente.

El MINEM y el INGEMMET deberían liderar la discusión sobre la continuación del REINFO, defendiendo el Principio de Legalidad. No deberían aceptar “nuevos” conceptos como concesiones ociosas o concesiones ancestrales. La creación de espacios de conciliación a fin de que concesionarios legales conversen con sus invasores podría ayudar en algunos casos a resolver el tema de la informalidad.

En resumen, nuestro país crecerá si se logra atraer inversiones, y exista certeza jurídica.