Estamos terminando el mes de febrero y continúan las paralizaciones y bloqueos en el sur del país, especialmente en Puno. La mina de estaño “San Rafael” ubicada en Antauta, provincia de Melgar, está paralizada desde el 11 de enero, debido al bloqueo de carreteras y  a las amenazas de manifestantes. El Congresista Roberto Chiabra sugería establecer fuerzas especiales en lugares estratégicos, como las minas, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones. Esto ya se hizo en la época del terrorismo, cuando se ubicaron numerosas bases cerca de minas y pozos petroleros.

Richard Webb señalaba que la economía de Puno había sido boyante durante al menos dos décadas, pues aumentó en 42% el producto per capita, muy superior a Lima, que sólo alcanzó 13%. Este dinamismo redujo los niveles de pobreza de un 79% a un 43%, entre 2004 y 2021.

Pero según estimaciones de la Contraloría, en los últimos 5 años, se han dejado de ejecutar 2,659 millones de soles en infraestructura pública y otras inversiones en Puno, por la ineficiencia y corrupción en el gobierno regional y municipalidades. A la fecha se registraban 286 obras públicas paralizadas.

Es obvio que el aumento en los ingresos no detiene el descontento de una población ante un clima de deterioro institucional, y mala gestión de los servicios públicos.

Se ignora como el gobierno restablecerá el orden interno en el sur.  Las exportaciones mineras sumaron 37,711 millones de dólares en el 2022, una caída de 5% con relación al 2021. Las expectativas para este año no son las mejores. Según el economista Jorge Baca ya se aprecia una desaceleración económica que probablemente se convierta en recesión lo que impactará sobre los ingresos tributarios y por ende sobre el déficit fiscal de este año.

La población opina mayoritariamente por un adelanto de elecciones aun cuando la situación social no es la adecuada para iniciar un proceso eleccionario. Pero teniendo en cuenta que esta opinión se va a imponer, las instituciones como el MINEM y el INGEMMET deberían estar trabajando sobre una estadística actualizada de la caída en leyes en las operaciones, así como de las reservas especialmente en la mediana minería. Para la preparación de un buen plan de gobierno en el sector también se precisa información sobre las MAPE y sus propuestas para la formalización de la pequeña minería aurífera. Los avances de los planes de cierre de minas y sus garantías, la remediación de los pasivos ambientales por AMSAC, y el desarrollo de las labores exploratorias deben ser puntos a analizar. Así como las disposiciones del ANA, y la supervisión de Osinergmin y el OEFA. Obviamente la gestión social será el punto más importante a evaluar para sugerir medidas que resuelvan la poca ejecución de la inversión pública.

Se precisa también una campaña informativa sobre los contratos petroleros por parte del MINEM, pues ha recorrido por redes informaciones falsas; así como también cuales son los derechos y beneficios de los propietarios de los terrenos donde se ubican los yacimientos. Hay mucha desinformación al respecto, que sirven como base que políticos se pronuncien por un cambio en la Constitución, a fin de que el propietario del terreno superficial, lo sea también de los minerales que yacen en su subsuelo.