Luis Carranza comentaba el 13 de setiembre último, en El Comercio, sobre el increíble crecimiento de Apurímac en los últimos años, que alcanzó el 8% anual en promedio. Lo que permitió que la pobreza regional disminuyera desde 74% en el 2009, hasta el 36% en el 2015. Todo esto fue consecuencia de la construcción de sólo un proyecto minero.
Leyendo estos comentarios recordaba mi visita a Las Bambas justamente cuando se iniciaba la construcción del primer campamento. La noche anterior habíamos pernoctado en Chalhuahuacho en un hotel que nos cobró 5 soles por la habitación. Pero mi mayor impresión (y la más desagradable) fue ver que la municipalidad ocupaba un edificio de tres pisos que tenía una pantalla de vidrios templados de color negro, en medio de modestísimas viviendas, que no tenían agua potable.
Me cuentan que ahora Chalhuahuacho es totalmente diferente. Ha crecido llegando a albergar a más de 15 mil personas. Un amigo mío, contratista de la minera, estaba pernoctando allí cuando empezó el bloqueo hace dos semanas. Los piquetes de huelga impedían la salida de toda persona de sus casas. Los comerciantes cerraron sus negocios pero eso no impidió que los piquetes los saquearan. Ellos controlaban todas las salidas y para eso se movilizaban en camionetas 4×4.
A mi amigo se le acabó la comida al cuarto día y decidió huir. Para eso logró convencer a un comunero que lo guiara por los cerros, lejos de las carreteras. Así llegó hasta Velille. Según él, esto lo había aprendido cuando trabajaba en la mina Tintaya, donde fue rehén varias veces durante los bloqueos, y donde una vez tuvo que dormir una semana dentro del taller de camiones, sin comida ni calefacción.
Definitivamente Apurimac es ahora la mayor preocupación en el sector minero. El pliego de reclamos que han presentado las comunidades es la clásica: supuesto daño ambiental, renegociación de las ventas de tierras (léase “se-me-acabo-la-plata-quiero-más”), peaje de 5 mil soles para todos los camiones, y que se archiven las denuncias por los desmanes anteriores.
Si el gobierno quiere que los reclamos, legítimos o no, se canalicen a través de una mesa de diálogo y solución de conflictos, no debería transar en el último punto. Pues no sólo debería escuchar a las comunidades y a la empresa sino también a todas las víctimas de éstos desmanes. Omnibuses con trabajadores retenidos y amenazados de morir quemados; gerentes rehenes de turbas, que fueron obligados a caminar descalzos por varios kilómetros, audiencias para exponer EIAs en toldos pintados con pintura ignífuga (porque había amenazas de incendiar el recinto), o donde las sillas vuelan sobre las cabezas de los que están de acuerdo con el proyecto, éstas son algunas de las “anécdotas” que se cuentan en el sector.
Resumiendo, es obvio que éste primer conflicto del gobierno de PPK será determinante para lo que suceda en los próximos cinco años. Todos los expertos coinciden que habrá otra vez una subida de las cotizaciones de los metales dentro de 5 años; por lo tanto es el momento de iniciar nuevas inversiones que entren en producción cuando los precios estén altos.
El gobierno de PPK ha decidido poner freno a la corrupción, al despilfarro y a las ineficiencias que está encontrando. Le falta detener la extorsión del que son objetos no sólo las empresas sino el personal, y los contratistas.