Hace unos meses me impactó la noticia sobre un padre de familia que había intentado suicidarse quemándose como bonzo. En último momento buscó ayuda y fue llevado a un hospital, donde murió 9 meses después, a pesar de la esmerada atención de los médicos, que consumió todo su patrimonio familiar; y sus hijos, en edad escolar, se quedaron sin padre y con deudas.

Esta triste situación es lo mismo que viene ocurriendo en La Oroya. La propietaria ha intentado suicidarse porque adeudar 110 millones de dólares a sus proveedores, cuando sólo se tiene una mediana mina de cobre, es buscar la paralización por falta de concentrados.

Si el PAMA hubiera sido concluido en Octubre 2007, como se comprometió la propietaria cuando adquirió La Oroya, igual estaría paralizada hoy día por la falta de concentrados.

Los “médicos” son los funcionarios estatales de los sectores energía y minas, economía y trabajo, que le vienen dedicando muchísimas horas a solucionar el problema, a pesar que el “especialista en quemaduras” haya dicho desde el inicio que las posibilidades de sobrevivencia son ínfimas (si no paga inmediatamente a sus proveedores, es imposible prender los hornos porque no habrá concentrados para procesar).

Es mi opinión que el Estado Peruano se olvide de empresas que atentan contra su “vida” y use del poco tiempo que dispone para analizar cuál será el destino de los “hijos” (los trabajadores) cuando el “padre” fallezca.