Sobre esta actividad económica se difunden una serie de dogmas que no admiten réplica ni prueba de veracidad.
Recientemente, una asociación de alcaldes de Lambayeque se jacta de haber desterrado a una empresa minera y así ha evitado que el río Zaña “se contamine”.
Sabrán estos alcaldes que el complejo minero más antiguo del que se tiene conocimiento en nuestro país fue construido por los habitantes de la Cultura Sicán, entre 750 y 1150 dC, en Batan Grande?
Al parecer tampoco es preocupación  de estas autoridades la ausencia de plantas de tratamiento de aguas servidas en sus jurisdicciones, primer punto que verifican las certificadoras del Global G.A.P. (EurepGAP) a las agroexportadoras.
Pero esto no es un problema para estos alcaldes que sentencian “la minería no puede convivir con la agricultura”. Al parecer ni se enteraron que hubieron dos regiones que se han disputado violentamente el canon minero que proviene de dos minas: una que se inauguró en 1957 y otra en 1979. Tiempo suficiente para haber matado a la agricultura de estas dos regiones de acuerdo a su “dogma”.
Otro “dogma” es que la minería es fuente de corrupción, y  se basan en el ejemplo de los horrores cometidos en Sierra Leona y la extracción de diamantes, expuesto en el estudio del MMSD (Mining, Minerals & Sustainable Development, 2002). Habría que leer los estudios específicos sobre el tema, como el de Petermann, Guzman y Tilton (2007) que concluyen que los países con mayores exportaciones de petróleo suelen ser más corruptos que aquellos con menores o nulas exportaciones. Pero en el caso de minería de metales básicos, como nuestro país, existen dos factores que determinan el efecto de la minería sobre la corrupción: el nivel de desarrollo del país (según su ingreso per cápita) y el tipo de producto mineral explotado.
El estudio antes mencionado concluye que para aquellos países cuyo ingreso per cápita es menor a US$3,200, un incremento en la actividad minera (y presumiblemente en cualquier otra actividad económica) tiene asociado un mayor nivel de corrupción. Pero, cuando los países superan dicho umbral de ingreso la corrupción tiende a disminuir.
Respecto de los distintos productos minerales producidos, dicho estudio concluye que mientras mayor sea el valor por unidad de peso del producto en cuestión, mayor será su efecto sobre la corrupción.
Un tercer “dogma” es que la minería no ha traído desarrollo. Sin embargo no se cuestiona el análisis de Macroconsult (2008) sobre el impacto económico de esta actividad en nuestro país, donde se afirma que su crecimiento ha evitado que al menos 2 millones de personas se encuentren en situación de pobreza, debido al efecto ingreso que genera.
Según este estudio los distritos mineros comparados con los distritos no mineros tienen 3.7 puntos porcentuales menos de Tasa de Analfabetismo, 5.1 puntos porcentuales menos de Tasa de Analfabetismo en Mujeres, un año más de Esperanza de Vida y 4 puntos porcentuales menos de Tasa de Desnutrición Infantil; todo esto como consecuencia que un miembro de un hogar en un distrito minero tiene un ingreso mayor en 35.7% que su similar en un distrito no minero.

Concluyendo, se sabe que la riqueza mineral no es una condición suficiente ni necesaria para el desarrollo económico como lo demuestran muchos de los países del Sudeste asiático. Pero la minería responsable unida a una administración pública eficiente, con mecanismos efectivos de regulación y control, puede hacer que nuestro país pase de ser líder latinoamericano en exploraciones mineras a líder en producción minera. Necesitamos construir 12 “antaminas” para esto.