Hoy en Gestión (9 de Julio de 2009) el sr. Héctor Díaz envía una carta que analizaré pues muestra unas ideas muy generalizadas sobre la minería.

Dice el sr. Díaz: Para evitar muchos de los conflictos sociales que hoy existen en el país, producto de la disconformidad de las comunidades nativas y/o andinas, de que en áreas cercanas a sus territorios se instalen empresas mineras….

Esto es algo muy serio: a mí no me gusta que vivan cerca de mi casa  vecinos fiesteros o que pasen micros, pero ni modo, no soy la dueña del barrio y tengo que aceptar que los micros brindan un servicio de transporte a un público que no dispone de movilidad propia. Y qué entendemos como “cercano”? 5, 10, 15 Km?

Los mineros no son bienvenidos porque se dice que contaminan. Muchas veces esto no es cierto. Pero lo que es peor, es que se les combate desde que “caminan por el barrio”. Considero que esto es muy injusto, porque ninguna comunidad se niega a recibir un canon, y todas reclaman por caminos, escuelas, postas y electrificación que se tienen que construir con impuestos que muchas veces esa comunidad no paga y nunca ha pagado. Si yo no reclamo en Lima, pagando mis impuestos, especialmente los municipales que me cobran como barrio residencial, por qué las comunidades tienen el derecho de rechazar a un posible vecino? Sería aceptable, si lo rechacen después de una comprobada omisión ambiental pero no cuando recién está sondeando por el “barrio”.

Pero volviendo a la carta del sr. Díaz, él dice: así como consecuencia del desorden que se da en la administración gubernamental por no establecer zonas protegidas o intangibles para la actividad minera, creo que es muy importante que el país tenga una carta actualizada geográfica en la que queden claramente establecidas cuáles son las zonas donde la minería no puede ingresar.

Tiene razón el sr. Díaz cuando habla de desorden. Si por ejemplo queremos hacer una inversión agrícola, y necesitamos saber donde están los terrenos del Estado que podríamos comprarlos para sembrar a dónde podemos recurrir? La respuesta es a varias instituciones, pero lo que es peor, muy  posiblemente no consigamos información de los mejores terrenos, o de los terrenos más pequeños, y el título que obtengamos sea muy precario.

Pero esto no ocurre si queremos hacer minería. Nos acercamos al Ingemmet-Inacc (Avda. Las Artes 260, San Borja) sin llevar ninguna “tarjeta de recomendación” donde nos mostrarán gratuitamente un mapa de todo el Perú, dividido en cuadrículas, referenciados a coordenadas UTM, y donde se muestra las áreas libres. Pero ojo, no en todo el Perú se puede solicitar un denuncio minero. El funcionario nos explicará que no es posible en áreas naturales, en áreas urbanas (por Ley 27015 del 18 Diciembre 1998), y se debe respetar la infraestructura pública, monumentos, y propiedad privada. Además tenemos que obtener permisos ambientales y el CIRA antes de iniciar cualquier labor. Si nos animamos a presentar un “petitorio” nos cobraran US$3 por hectárea y en menos de 30 días podemos recoger nuestro título.

Pregunta: No deberíamos tener lo mismo para los terrenos eriazos, para que podamos hacer agricultura, construir un puerto, una casa o un resort turístico?

Finalmente coincido con el sr Díaz de que el gobierno debe establecer una estrategia adecuada para erradicar la minería informal pues están contaminando ríos y manantiales con mercurio, que es muy peligroso.

Pero no creen que ésta estrategia debe ser ordenar catastralmente la propiedad rural, los terrenos eriazos, para que ningún inversionista grande, pequeño, micro, se desanime?