Viajé al sur de Chile. Cuando iba por una autopista que une Santiago con Puerto Montt (más de mil kms) pensaba en mis amigos que estarían atravesando Chincha y Pisco, en medio de decenas de camiones que invaden el carril contrario, y mototaxis que adelantan por la derecha.
Pero ésta moderna autopista, cuyo peaje es de 4 dólares cada 80 kms aproximadamente (totalmente concesionada y bien mantenida) no fue la única diferencia que encontré: en todos los locales, aún en los más pequeños y alejados, me entregaron factura. Otra diferencia fue que recorrí más de 1500 kms (porque ingresé a Talcahuano para visitar al “Huascar) y nunca nos paró un carabinero. Lo vimos sólo un par de veces escondidos apuntando con su pistola para detectar exceso de velocidad.
A mi regreso obviamente revisé las conclusiones del CADE y me sorprendió que se sigue repitiendo que se va a destrabar inversiones por más de US$57, 000 millones. Sin embargo nadie se atreve preguntarle al MINEM a cuánto ascienden las inversiones que están siendo “evaluadas” por meses, en lugar de pasar por una “rápida revisión” como corresponde.
El tema “corrupción” tampoco fue atendido en su real dimensión. Hubiera sido un gran cambio si todos los empresarios asistentes hubieran firmado un compromiso de no pagar coimas, y no contratar a empresas o estudios de abogados que utilizan éstas malas prácticas.
En nuestra normativa hay “vacíos” pero en lugar de corromper a un funcionario es preferible instar a su institución para que se pronuncie sobre la salida.
La “ventanilla única” no es una alternativa viable. Lo que se debe pedir es que el gobierno emprenda una verdadera cruzada y suba toda su información a internet.
Finalmente si queremos realmente destrabar inversiones, debemos tener un sistema catastral inobjetable. El gobierno está comprando un satélite de varios cientos de millones de dólares (que dicen que dura sólo cinco años) pero no ha hecho nada para consolidar en un gran catastro nacional las propiedades superficiales, las concesiones de diversa índole, y las áreas que se reserva el Estado por diferentes motivos (sin mayor análisis en la mayoría de los casos).
Cuando se pide información catastral a la SUNARP la entrega con remilgos porque al parecer no cuenta con la licencia del software respectivo.
Con un catastro nacional se podrían implementar mejores políticas. Gloria por ejemplo no es el mayor propietario de tierras. Lo superan largamente comunidades que poseen más de 700,000 hectáreas o el Ministerio de Defensa que en los años de conflicto con Ecuador y Chile reservó extensas áreas.
También se podría observar que muchas comunidades (que no pagan impuestos) han ampliado el área de sus tierras no para fines agropecuarios (como lo suscriben en sus solicitudes de constancia de posesión) sino para venderlas a las empresas mineras. Este “fenómeno” se ha observado especialmente en los diez últimos años cuando se desató el “boom” minero.