Parece la “tormenta perfecta” : los precios de los metales han caído, las producciones también, varios proyectos se encuentran detenidos y tenemos un Estado que todavía no sabe qué debe hacer. Este es el panorama del sector minero a noviembre 2013.

Mientras esto ocurre las empresas han optado por reducir costos, cerrando unidades no rentables y renegociando con proveedores. Las labores exploratorias, que son tan importantes, se han reducido al mínimo y los proveedores, especialmente de ingeniería, están buscando “reinventarse”.

La perspectiva es que cada vez los proyectos son más grandes y más complicados, no sólo desde el punto de vista social (que es lo que publica la prensa) sino es preciso enfrentar desafíos tecnológicos y financieros cada vez mayores.

A fin de que se “alineen las estrellas” el Estado tiene que mejorar las prácticas institucionales, asegurar el derecho de propiedad, fomentar la innovación, y la implementación de nuevas tecnologías, así como dictar medidas legales para fomentar las exploraciones.

Los trámites deben ser simplificados, convirtiendo la mayoría de los procedimientos presenciales a “online” pero sobre todo cambiando el concepto actual de “evaluación” en la emisión de permisos al de “rápida revisión”. Pues muchas veces los evaluadores se detienen en detalles intrascendentes, sin tomar en cuenta que las nuevas tecnologías están evolucionando rápidamente para enfrentar las complejidades del proceso minero, liderados por un plantel multidisciplinario de profesionales, que en número y experiencia supera largamente al equipo estatal.

Un ejemplo de la complejidad de los proyectos mineros es el número y amplitud de los estudios de alternativas para abastecimiento de agua que se tienen que realizar. Un proyecto del sur del país tuvo que estudiar 38 para encontrar una adecuada a sus necesidades.

En el plano ambiental, el MINAM legisla, fiscaliza y sanciona. Sorprendentemente, a pesar que tenía la facultad para revisar aleatoriamente cualquier EIA o enmendarlo como resultado de un proceso de fiscalización, se empeñó en crear una nueva institución para revisar EIAs llamado SENACE.

La inocultable inexperiencia de los que dirigen este sector se manifiesta en los magros resultados de la OEFA, el órgano fiscalizador. Para ocultar sus deficiencias fijaron como “indicador de gestión” no el mejoramiento de la gestión ambiental en todo el país como una reducción en la emisión de mercurio al ambiente, sino en el monto de las multas, que actualmente no sólo son exorbitantes, sino desproporcionados para faltas menores como demora en el envío de registros de monitoreos.

Las inversiones también se están dilatando por la falta de claridad en temas de propiedad. Tenemos un moderno catastro minero, pero desafortunadamente no se puede decir lo mismo del catastro rural e incluso urbano; donde la SUNARP es un “cuello de botella” que nadie quiere atacar.

Continuamente el MINEM se jacta de los primeros lugares que ocupamos en la producción de mina de varios metales, preciosos y básicos. Sin embargo, no se dice nada sobre las leyes de los yacimientos que están bajando, ni sobre centros de investigación mineros que buscaron asentarse en nuestro país, pero fueron expulsados por una turba irracional que los acusó de “contaminadores”. Tampoco se menciona de crear un programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional para convertir a nuestro país en un polo regional de innovación que investigue y desarrolle procesos metalúrgicos para minerales complejos.

Finalmente, repetimos hasta la saciedad que somos “competitivos” porque tenemos un costo de energía menor que el chileno, y no mencionamos que es superior al canadiense.

Australia, que es otro país con quien competimos, ha anunciado que suprimirá algunos impuestos mineros y otorgará incentivos a la exploración, mediante un mecanismo que permita que los gastos de exploración sean un crédito tributario para los accionistas de compañías que realizan dichos gastos. El objetivo es darles a los contribuyentes un incentivo para invertir en proyectos “greenfield”. Un sistema similar (“Mineral Exploration Tax Credit”) ha funcionado en Canadá con mucho éxito desde por varios años.

Fuente: Maria Chappuis