Antes de terminar el 2025 nuestras autoridades dictaron un par de normas reñidas con el sentido común que afectan al sector minero.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 32537 que extendió el REINFO por un año más y ordenó la ejecución de un Censo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal que debiera ser coordinado por el INEI, el MINEM y el INGEMMET.
Se sabe que un censo presupone un levantamiento completo de la data que se está persiguiendo. Censos que no pueden alcanzar un valor estadístico representativo tienen que ser descartados. Ante esta situación surge la pregunta: cómo se hará un censo de personas que están en la ilegalidad, ocupando terrenos y concesiones que no les pertenecen?. Es ingenuo pensar que ante un censista, un minero ilegal va a declarar con toda veracidad sus datos personales, así como la ubicación de su “lugar de trabajo” y brindar detalles de la producción que obtiene. Además es conocido el clima de violencia que prima en estos centros de explotación de minería ilegal. Diariamente los medios publican asesinatos ocurridos en estos lugares. Por todo esto es altamente dudoso que los censistas puedan alcanzar su cometido.
En Brasil se monitorea el avance de la minería ilegal/informal con imágenes satelitales, que considero puede, junto con drones, emitir mejor información que un “censo” con un ejército de censistas. Los detalles de producción se podrían estimar con cruce de información.
Otra norma reñida con el sentido común es la disposición que dio la OEFA, el organismo encargado de la fiscalización ambiental, que a pesar de recibir el 0.15% de las ventas de sector minero (unos 85 millones de dólares este año) no fiscaliza a los contaminadores más numerosos como son la pequeña minería y minería artesanal. OEFA ordenó que las empresas grandes y medianas debían presentar para la revisión de los planes de cierre, la ingeniería de detalle de cada componente, sin tomar en cuenta que cuando terminen de revisar “la ingeniería de detalle” es muy posible que las características del componente han cambiado totalmente.
Cuando hace más de 20 años redactamos el reglamento de cierre de minas, vimos que era necesario contar con un estimador de costos de una lista de partidas relacionadas con el proceso de cierre, a fin de que las empresas pudieran calcular el costo total para entregar las garantías necesarias a semejanza del utilizado por el gobierno canadiense (llamado Reclaim).
Hoy día, existen mejores herramientas informáticas que definen y costean las labores continuas de cierre, integrando elementos sociales y ambientales, hasta el monitoreo post-cierre, por lo que a ninguna autoridad ambiental se le ocurriría pedir (y revisar) los centenares de planos que son parte de una ingeniería de detalle.