La candidata presidencial Verónica Mendoza estuvo en el Valle del Tambo y firmó un Acta donde se comprometió a cancelar el proyecto, indultar e indemnizar a los dirigentes acusados por el Poder Judicial, y “conservar” el valle agrícola.
Es extraño que el JNE no le llame la atención y le recuerde que de salir elegida, tiene que respetar el Estado de Derecho, que significa que las leyes se cumplen o se cumplen como lo dice Angela Merkel, y no hay un camino alterno para ello. Mientras están vigentes no se puede tolerar su violación, y mucho menos mediante el ejercicio de la violencia.
Varios gobiernos en el mundo, por razones ideológicas, han cancelado proyectos mineros. Los arbitrajes en el CIADI siempre han resuelto a favor del pago de una indemnización. En los finales del segundo gobierno de Alan García se canceló el proyecto Santa Ana, y se tuvo que pagar US$ 30.4 millones al titular. Bolivia tuvo que abonar US$42.6 millones a la empresa chilena Quiborax por anular una concesión; Pakistan también perdió un laudo, y está obligado a pagar US$5,840 millones a las mineras Barrick y Antofagasta PLC. En nuestro país está vigente la norma que dispone que el Ministerio de Justicia puede repetir y/o iniciar proceso civil a los funcionarios responsables de actos que derivaron en el pago de indemnizaciones en procesos seguidos en Tribunales Internacionales.
En cuanto a la “conservación” del valle agrícola, le recomendaría a la señora Mendoza revisar las políticas del Ministerio de Agricultura y Riego, en cuanto a la mala gestión de las Juntas de Usuarios o de Regantes, el uso ineficiente del agua, y el agotamiento de los suelos agrícolas por la siembra reiterada del arroz.
Suponemos que la candidata Mendoza no ha escuchado la opinión de las madres agricultoras, que buscan un mejor destino para sus hijos, lejos del trabajo bajo un sol abrasador y con agua hasta las rodillas.
Finalmente, en tiempo de angustia fiscal, es interesante releer las cifras de Conga: estaría pagando más de US$170 millones anuales en impuestos; esto equivalía a todo el gasto público en salud y a la mitad del gasto público de la región Cajamarca. Pero el candidato a la vicepresidencia de la tía Vero se encargó de enterrar el proyecto, que prometía incrementar en 20% el trabajo formal de toda la región.