La semana pasada el director del ANA anunció ante una Comisión del Congreso que el MINAM había solicitado mayores restricciones para cualquier actividad minera que se pretenda desarrollar en un área donde se ubiquen PAMs. Craso error, pues justamente lo necesario y urgente es que se levanten nuevas desarrollos en ese lugar, no solo para ayudar a remediar el PAM sino porque el PAM también ha ocasionado que los lugareños se hayan quedado sin una fuente de trabajo.

Hace más de quince años se promulgó la ley para promover la gestión de los pasivos ambientales mineros, pero el avance ha sido muy lento, por una razón principal: esta normativa es sumamente exigente para cerrar un PAM, equivalente a lo que se pide a un EIA de un proyecto con una perspectiva rentable. Pero cerrar un PAM sólo produce beneficios sociales. Inclusive la solicitud de reutilización es engorrosa. Tampoco se tomó en cuenta que los cierres de los PAMs los tiene que hacer el Estado en el 99% de las veces, por lo tanto se debería aceptar niveles aceptables. Con la legislación actual se ha llegado al absurdo que la Dirección General de Minería elaboró un Plan de Cierre de un PAM ubicado en Hualgayoc, que tuvo que aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM-MINEM) pero como se demoró en ejecutarlo ha sido sancionado por la OEFA!

Lo más drámatico es que existen PAMs por todo el país, donde no se monitorea su estabilidad física y menos la química, porque Osinergmin y OEFA aducen que no están entre sus facultades. Las minas responsables que se ubican cerca a ellas lo hacen a fin de evitar un aluvión de relaves que deterioraría más la relaciones difíciles que se mantiene con las comunidades del entorno.