Hace seis meses somos los espectadores de la lucha entre el gobierno central y el gobierno regional, y como han ido endureciendo sus posiciones con respecto a este proyecto minero.

Lo más preocupante es el tiempo que ha pasado, el poco diálogo entablado y los desinformados diagnósticos que se muestran a la opinión pública.

El viernes pasado el Presidente de la República hizo una serie de anuncios que hubieran sido los definitivos si hubieran correspondido a una negociación con el gobierno regional y con la minera. Todo lo contrario. Por el comunicado que publicó la empresa la “valla” que había puesto el presidente estaba bastante alta, y alcanzaba niveles imposibles.

Este mensaje presidencial debió respaldarse en la defensa del ordenamiento jurídico, y en la obligación de un jefe de estado de respetar las leyes y los contratos suscritos. Conga tiene los permisos para operar desde hace 18 meses y el gobierno le pidió suspender operaciones a pesar de esto. Ante una  hipotética demanda, el Estado Peruano tendría que asumir todos los costos y gastos derivados de esta suspensión.

Tres editoriales sucesivos de El Comercio han llamado la atención sobre la ilegalidad de las órdenes dadas por el mandatario en su mensaje a la nación.

Pero, cómo se llegó a esto? Mi opinión es que en un inicio  Santos, Arana y Saavedra (SAS) pensaron que su reclamo se iba a desarrollar de la misma manera a lo que sucedió en Quilish (2004): protesta-suspensión de operaciones-abandono definitivo de la zona. No esperaban a un Humala declarando “Conga va”, cuando había habido un Toledo que dijo “Quilish-no-va”. La inesperada respuesta, complicó sus planes y los ha aferrado tercamente a la consigna “Conga es inviable”.

Mientras que Humala (nuevo en el cargo) no sabía que no hay un camino legal para que el Presidente de la República o el gobierno central imponga su voluntad sobre un Presidente Regional. Increíble pero cierto. El Perú puede ser el país de las 24 republiquetas.

Valiente la posición de Humala, a pesar de tener un ministro de energía y minas que no defendió con firmeza la resolución de aprobación de los todavía funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que habían revisado las 27000 páginas escritas por Golder, Knight Piesold, Schlumberger y otras consultoras de prestigio, durante varios años, y que eran parte  del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El ministro del ambiente decidió defender dos lagunitas: una de una hectárea y la otra de siete. Lo hizo porque escuchó que su salvación sería el fin del proyecto.

Con un EIA puesto en duda por el MINAM y no suficientemente defendido por el MINEM, la PCM tomó una sabia decisión: llamar a un peritaje internacional.

Olvidaron algo: debieron haber llamado a mediadores internacionales también. Humala y SAS habían sido aliados meses antes. No iba a ser fácil que SAS cediera posiciones porque la consigna No-a-la-minería es su capital político.

Aquí estamos: Yanacocha buscando cumplir con lo ordenado por el presidente sin que la ya baja rentabilidad de Conga descienda demasiado; SAS repitiendo sus consignas y Humala sorprendido por la poca repercusión de sus palabras en Cajamarca.

Lamentablemente el proyecto es tan poco rentable que no permite suspenderlo por mucho tiempo a la espera de mejores vientos. La opción de otro operador también está descartada por la misma razón. Urge convocar entonces a negociadores experimentados que medien entre el gobierno central y regional.