En la última semana los dos candidatos a la Presidencia lanzaron sus propuestas en temas mineros que pueden resumirse en una sola frase: profundo desconocimiento de los procedimientos actuales.

Empezaré analizando la propuesta de AGP “Cambiar-para-avanzar” que pretende hacer dueños del subsuelo a las comunidades y campesinos (El Comercio, 29 de noviembre del 2015).

Todas las constituciones del mundo tienen un principio: los recursos naturales pertenecen a la Nación, y éstos dictan las leyes que regulan los procedimientos para por ejemplo cortar un árbol de un bosque, extraer agua de un río o explotar cobre. En estos procedimientos se fija cuál es el rol del propietario del terreno superficial.

En Alemania los propietarios que planean extraer por ejemplo arena como material de construcción de sus terrenos no precisan seguir el trámite de obtención de una concesión minera. En nuestro país, sí se exige que para la explotación de cualquier sustancia mineral se debe tener una concesión minera. Pero si se quiere extraer una mineral que no sea material de construcción tanto en Alemania, como en Perú y en todos los países del mundo, se tiene que seguir el trámite de obtención de la concesión respectiva.

El rol del propietario de un terreno superficial puede estar regulado bajo leyes conocidas como “servidumbre”, esto es, si la Autoridad considera que para los fines de la Nación el propietario debe ceder su terreno para que pase una línea eléctrica, un gasoducto o se explote un yacimiento, se fijan las condiciones para su indemnización.

La ley de servidumbre minera está vigente en nuestro país, pero el MINEM no la utiliza hace más de diez años, sino todo lo contrario ha emitido normas exigiendo un contrato firme con el propietario del terreno superficial como requisito previo para la aprobación de cualquier instrumento ambiental. Entonces, en la práctica, ya tenemos una legislación que convierte al propietario del terreno superficial en el gran decisor, y beneficiario obviamente, de una exploración o explotación minera.

En los últimos diez años, con el boom exploratorio, muchas comunidades andinas permitieron labores exploratorias previo pago de sumas importantes de dinero.

Pero el campesino andino no es tan “rentista” como cree AGP. La mayoría de veces la negociación más “dura” es sobre cuántos puestos de trabajo va a dar a la comunidad la empresa minera. Los contratistas de las empresas mineras también están obligados a contratar a miembros de las comunidades aledañas, y entrenarlos en las rigurosas normas de seguridad que mantienen los titulares mineros.
No se entiende entonces la propuesta de AGP. ¿Pretende que volvamos a discusiones del tipo “IPC-La Brea & Pariñas” donde estudios de abogados se enfrascarán en largas disputas legales con el gobierno para definir las consecuencias tributarias y ambientales de lo que significa ser “propietario del subsuelo”?

Keiko Fujimori también al igual que AGP no entiende el origen de la conflictividad social. Por haber recorrido todo el país, KF debe saber en qué región de nuestro país están los distritos de Chalaco o La Jalca, pero no ha relacionado la conflictividad con la realidad de nuestras provincias. No sabe que apenas se cruza los puestos de peaje de las salidas de Lima se entra a regiones donde impera el caciquismo, los índices de corrupción e informalidad se disparan, y se entra al mundo “pase-por-caja”.

Este gobierno no aplicó la “medicina” correcta a los conflictos, sino todo lo contrario, politizó más el tema, con el resultado de la parada de los proyectos. Keiko cree que falta un “Alto Comisionado”. No es “chamullo” lo que falta, es institucionalidad. Las autoridades regionales y locales tienen que cumplir las leyes vigentes y no inventar disposiciones. Nadie levantó una ceja cuando la gobernadora de Arequipa exigió que Sociedad Minera Cerro Verde le entregara 500 millones de soles para “obras”. ¿Qué norma autoriza a un gobernador exigir, llamémosle “contribuciones”, a una empresa?, ¿No sabe la gobernadora que las empresas están obligadas a pagar impuestos y nada más?

La “medicina” que aplicó este gobierno ha sido la más ineficaz. Creó el OEFA como un organismo para vigilar el cumplimiento de las normas ambientales, aumentando las multas y haciendo crecer una burocracia, que tiene que trabajar en sus casas, porque ya no pueden poner más escritorios en los varios locales que tiene. Pero, ¿cómo anda su credibilidad o legitimidad? En peores niveles que tenía su antecesor el MINEM cuando se encargaba de esta tarea.

Pero sin analizar estos resultados, también creó el SENACE para “revisar los estudios ambientales de los grandes proyectos”. Esto significa desmantelar lo que ha hecho el MINEM por más de 23 años, y con casi diez mil estudios. Ni un novato en desarrollo organizacional hubiera recomendado esta medida teniendo en cuenta la lentísima curva de aprendizaje del Estado peruano.

Pero la razón esgrimida es “de Ripley”: “recuperar la credibilidad en el proceso de aprobación de EIAs”. ¿Si el OEFA no goza de credibilidad, pocos conocen sus funciones (por ejemplo desconocen que puede enmendar cualquier EIA) por qué van a confiar en la nueva SENACE?
Los EIAs no gozan de credibilidad por dos razones importantes: 1) Las autoridades del MINEM no han sabido defender sus fueros y resoluciones. Aceptaron “peritajes internacionales” o tuvieron un ministro tartamudeante que le echó la “culpa” al gobierno anterior, y 2) Existe sólo UNA “audiencia” abierta que cualquiera puede asistir, lo que lo convierte en un evento totalmente político, donde los funcionarios gubernamentales llegan temerosos con chalecos antibalas, rodeado de centenas de policías, y donde obviamente nadie entiende de qué se trata el proyecto.
Si las autoridades del MINEM y todos los organismos que opinan sobre un EIA, explicaran los proyectos por cadena nacional (Canal 7) donde sus técnicos defendieran sus resoluciones, se elevaría la credibilidad. Además, no debe haber sólo UNA audiencia, sino un sinnúmero de ellas, donde los asistentes acudan en grupos reducidos para plantear todas sus dudas sobre los proyectos.