Esta es una frase muy popular que podría servir de inspiración en los procesos de reasentamiento involuntario que han ocurrido en nuestro país a consecuencia del desarrollo de proyectos de infraestructura (construcción de las hidroeléctricas del norte del país que inundaron extensas zonas agrícolas), la construcción de autopistas, la prevención de desastres como la reubicación de ciudades después del terremoto de Huaraz y el desarrollo de proyectos mineros.

Es famosa la historia de Cerro de Pasco, de cómo la ampliación de las labores mineras  que la leyenda dice que ya eran conocidas en el siglo XVI, fue obligando a la propietaria, antes Centromin y ahora Volcan, a adquirir los terrenos adyacentes, barrios enteros de esta ciudad de 75,000 habitantes, desde 1956 cuando se abrió el tajo. En Diciembre 2008, el congreso dictó una ley que declaró  de necesidad pública e interés nacional la reubicación de la ciudad, sin asignar responsables con respecto al financiamiento de este traslado, que se estima demandará más de 300 millones de dólares.

A principios de esta década los agricultores de Tambogrande (Piura), orgullosos productores de mango y limón, recibieron de mala manera la noticia de que bajo sus ricas tierras existe un yacimiento muy interesante de cobre, que la empresa “junior” Manhattan Minerals Corp pretendía explotar. Según el contrato de opción, la empresa estaba encargada de efectuar las negociaciones con los propietarios de los terrenos superficiales, y de garantizar que los métodos de explotación a utilizar no iban a afectar físicamente al pueblo de Tambo Grande ni causar daños a su población. Como la empresa no llegó a ningún acuerdo para trasladar parte de la población (se decía que por lo menos 25%) en los plazos ampliados del contrato, Centromin lo resolvió.

Todo lo contrario sucedió en Querocoto (Cajamarca), distrito de más de 5,000 habitantes, donde se ubica La Granja, el más grande yacimiento cuprífero de nuestro país y uno de los más grandes del mundo, que fue descubierto hace más de 30 años. Trescientas familias (*por confirmar) acordaron con la concesionaria Cambior, que exploraba el área desde Marzo 1994, de ser reubicados en un valle costero de Lambayeque. Posteriormente, en Setiembre 2000, Billiton (BHP), la empresa minera más grande del mundo, adquirió los derechos y decidió cerrar el proyecto, auspiciando un “programa de retorno” que contó con un presupuesto de 15 millones de dólares que buscó restaurar los modos de vida de la población antes de su traslado hacia Lambayeque. Desde principios del 2006, Rio Tinto, está buscando desarrollar este proyecto, utilizando tecnologías innovadoras pues el yacimiento ha sido declarado no-viable para métodos convencionales de concentración por flotación, por su baja ley y alta inversión de capital.

Actualmente, Chinalco (Aluminium Corporation of China) está construyendo el proyecto Toromocho (Junín) sobre la carretera central (Km 141), que demandará una inversión de 2,100 millones de dólares y espera entrar en producción en 2012 para lo cual tendrá que trasladarse el poblado de Morococha, de cerca de 5,000 pobladores, que tiene una larga tradición minera que comenzó en 1905 con Cerro de Pasco Corporation. Las labores mineras subterráneas eran las más extensas de nuestro país, junto con Quiruvilca, por lo que hubo que construirse un túnel para drenaje, la que ahora es señalada como la causante de la contaminación del río Yauli y de la cuenca del Mantaro. La intensidad de la actividad minera favoreció para que se convirtieran en pueblos, los campamentos originales, y que hoy la empresa china esta negociando su traslado hacia el área de Pucará. El proyecto de reasentamiento comprende la construcción de nuevas viviendas, servicios de agua y desague (actualmente solo un 2% goza de ello), alumbrado público, colegios, posta médica, junto a un local policial y municipal. El programa de traslado fue aprobado por una consulta pública.

No se tienen cifras exactas sobre cuantos peruanos han abandonado sus lugares de origen, vendiendo sus tierras para el desarrollo de proyectos mineros. Ni estudios que demuestren si los procesos llevados a cabo fueron adecuadamente planeados e implementados, y no significó un deterioro de las condiciones de vida de los afectados.

Aún cuando diversas instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID han desarrollado políticas de salvaguardia y prácticas específicas de reasentamiento involuntario encaminadas a mitigar sus efectos negativos o por lo menos restablecer las condiciones socioeconómicas de los afectados, tomando en cuenta además las necesidades especiales de los grupos de la población particularmente vulnerables; nuestro país todavía adolece de normatividad para implementar operaciones de reasentamiento sostenibles y con efectos positivos para las poblaciones, los proyectos y las regiones involucradas. Por de pronto, en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ya se formó un comité para tratar esta problemática.