La Revista PODER publicó en su edición del 21 de Julio, dos artículos escritos por el Ministro del Ambiente y por el Economista José Carlos Orihuela, que pretenden al comparar las instituciones ambientales de Chile y Perú,  resaltar la trayectoria chilena.

La suscrita tuvo a su cargo la fiscalización ambiental minera en los años 2003-2004, y ha vivido en los últimos 20 años entre Santiago y Lima.

El Ministro del Ambiente ha pretendido sustentar que sus decisiones de creación del SENACE y de la OEFA no son posturas caprichosas sino una tendencia mundial. Desconoce que en cualquier curso de manejo organizacional se criticaría desmontar instituciones que tienen más de 20 años funcionando,  donde se han desarrollado capital humano, normas, regulaciones, procedimientos y base de datos, para comenzar  “de cero” como lo ha declarado la Dra. Ortiz, presidenta del SENACE.

Comenta el ministro Pulgar que  a Chile le exigieron una nueva institucionalidad ambiental, similar a su propuesta, cuando ingresó a la OCDE. Esto es cierto pero la razón fue que una auditoría reveló que no se hacía fiscalización ambiental en el país sureño, y que la revisión de estudios ambientales que hacía su Ministerio de Ambiente era de baja calidad.

La historia ambiental chilena y la peruana tienen orígenes similares. En el año 1990 se crea la CONAMA chilena.  Mientras que la oficina chilena de Dames& Moore es escogida ese año para definir  la estructurade lo que fue la CONAM en nuestro país. Su propuesta fue una copia de su homóloga chilena.

Mientras que el CONAM se debatió por años  en “crisis de existencia” (que debería hacer o no hacer) en el Ministerio de Energía y Minas se creaba la Dirección General de Asuntos Ambientales y en Mayo de 1993 se publicaba el reglamento de protección ambiental para la industria minera-metalúrgica. Se estableció así la obligación de elaborar estudios de impacto ambiental, se publicaron guías y se establecieron estándares (LMP) para agua y aire.

La CONAMA chilena a diferencia de su homólogo peruano CONAM-MINAM diseñó un derrotero regulatorio priorizando los  mayores desafíos ambientales de su país. Como lo reconoce Orihuela se metió en serio. Identificó  la contaminación atmosférica como el enemigo mayor de la salud pública. Todos los que han pasado por Santiago conocen de los monitoreos diarios de material particulado y de sus “emergencias ambientales” así como la prohibición definitiva de circulación para los  automóviles no-catalíticos. La CONAMA ilustró a la opinión pública y a la prensa sobre la relación contaminación-daño a la salud, publicando las cifras de las atenciones por problemas respiratorios en los hospitales públicos e invitando a los reporteros a los servicios de emergencia.

¿Conocemos los limeños la calidad ambiental del aire que respiramos? ¿Sabemos cuáles son los valores MP2.5  y MP10?. No, pero hemos invertido muchos millones en ser la sede del próximo evento mundial de cambio climático.

Pero la contaminación ambiental urbana no fue la única prioridad chilena. Es sabido que en países de ingreso medio-bajo como los nuestros las enfermedades transmitidas por el agua contaminada se lleva gran parte del presupuesto de salud. En 2012, Chile se jactaba de haber superado a Reino Unido, Suiza e incluso Alemania como el país que más trata sus aguas residuales domiciliarias y había alcanzado una cobertura de 100%.  Mientras que Lima, ni siquiera llega al 50%, hoy.

En Agosto 2010 se aprobaron los LMP para las descargas de efluentes líquidos de actividades minero metalúrgicas. La propuesta fue preparada por el MINEM, tres años antes, a partir de estudios realizados con cooperación canadiense. Al observar estos LMP peruanos, se verifica que estos valores son más bajos que los emitidos por Chile para instalaciones industriales a cuerpos superficiales. La propuesta también comprendía los LMP para emisiones atmosféricas, que inexplicablemente el MINAM no las publicó…hasta el día de hoy.

Además de los altos estándares que se exigen, las empresas peruanas pasan por una rigurosa revisión ambiental donde casi el 40% de los estudios no son aprobados[1]; y desde el año 1996 están obligadas a informar a la comunidad con procesos de participación ciudadana. Pero Orihuela dice que en regulación ambiental, Chile es a Perú, lo que el día a la noche. Si Orihuela hubiera entrevistado a alguna de las empresas de consultoría ambiental más respetadas del mundo, que tienen oficinas en Lima (Golder, Amec, KnightPiesold, SNC) se hubiera enterado que aquí tienen más personal que en Santiago, aun cuando la cartera de proyectos chilenos es triple que la peruana. La razón es que aquí las exigencias para aprobación de un estudio en el MINEM son tan exigentes como en Canadá o Australia. También se hubiera enterado que en éstas oficinas se elaboran estudios ambientales para proyectos mineros  en Brasil, Argentina, Bolivia etc.

Donde  Orihuela se equivoca totalmente  es al decir que a ningún ingeniero del Ministerio de Minería de Chile  (MMCh) se le hubiera ocurrido que la regulación ambiental debía estar en manos del sector. No dice a cuántos ingenieros del pequeñísimo MMCh entrevistó. Creo que el que el MINEM fuera la autoridad ambiental, ha permitido el avance que en esta materia tenemos sobre Chile.

Orihuela sigue criticando sin sustento, y toca el tema de los “pasivos ambientales mineros” (PAMs), cuya remediación está en manos del MINEM que ha comenzado a encargar a la estatal Activos Mineros su remediación.  Según Orihuela se ha asignado “migajas”, sin decir cuál debería ser el presupuesto ideal e insinuando que el número de 7000 PAMs censados pueden ser un record mundial. Los PAMs no tienen una categorización única mundial. Chile los censa por mina (“faena”) mientras que en nuestro país por componente. El Sernageomin de Chile ha declarado que existen en Chile 441 faenas mineras abandonadas.  Lo que desconoce Orihuela que la actual Toromocho fue un PAM remediado por Centromin, que al igual que Rosaura, están en producción. Esta es una de las razones porque la remediación de PAMs va lentamente.

Pero si Orihuela cree que Chile es el summum ambiental, debería visitar Andacollo, ciudad de once mil habitantes, donde los niños juegan sobre relaves antiguos, y operaciones de lixiviación aurífera  similares a las de Yanacocha están al costado de la plaza principal.

Orihuela dice que el “plazo de evaluación de un EIA” se ha reducido a 45 días. Se equivoca. Lo que se ha reducido es el plazo para que las instituciones diferentes al MINEM, que tienen que emitir su opinión sobre la porción del EIA que les corresponde lo hagan en 45 díashábiles. Este plazo es suficiente. Muchas veces estas instituciones se demoran más de lo debido porque no sólo no han instruido a su personal sobre los criterios que debe utilizar en su revisión, sino que muchas veces este personal se dedica a trabajos personales en horas de oficina. OEFA puede cerrar operaciones no sólo multarlas.  Los que conocemos un poco sobre fiscalización ambiental no entendemos porque se sancionó con casi el mismo monto de multa a Yanacocha y a una innombrable empresa minera cajamarquina, que es una pesadilla ambiental. Mientras para la primera fue exagerada la multa, la segunda debió haber sido cerrada y no multada.

En la DGAAM-MINEM trabajan 49 profesionales evaluadores (biólogos, ingenieros ambientales, agrícolas, civiles,  antropólogos, sociólogos).  Ellos se encargan de revisar los estudios de los 9700 millones de dólares de inversión minera. En 2004 quizás eran 6 como dice Orihuela, pero los proyectos no llegaban a 100 millones de dólares. Si son pocos y mal pagados. Mientras que el SENACE, que paga mejora sus profesionales, tiene ya en planilla 60 personas que están en etapa de “capacitación”.

El Estado en lugar de fortalecer los equipos humanos de las direcciones ambientales de los distintos ministerios, creó SENACE con abundante presupuesto, que está contratando profesionales que no tienen ninguna experiencia previa en evaluación de estudios ambientales, pero que van a estar encargados de evaluar estudios más complejos,  de los grandes proyectos.

Lo más lamentable en nuestro país es el desconocimiento generalizado sobre los temas ambientales. La prensa lanza permanentemente el mensaje que son las ONG las conocedoras del tema y el MINAM el único ministerio que defiende el ambiente.  Por esta razón nadie reclama que el cambio de requisito de EIA a DIA para la exploración sísmica se siga debatiendo desde hace seis meses, y el borrador del reglamento ambiental para minería preparado por el MINEM (que reemplaza al dictado hace 21 años) no termina de ser revisado por el MINAM desde hace dos años.

Concuerdo con Orihuela que no es la tramitología ambiental la que espanta a los inversionistas sino otros factores como 1) escoger entre el personal de ONGs a los titulares del MINAM, 2) prensa y congreso completamente ignorantes de qué es contaminación, y como debería ser la política ambiental en nuestro país 3) abogados liderando las principales instituciones ambientales (MINAM, OEFA, SENACE) 4) población con bajo conocimiento científico, 5) desconocimiento del uso de indicadores ambientales para vigilar la gestión del MINAM.