Una gran falencia de nuestra educación es que no se enseña en las escuelas ni se dicta en las universidades cursos profundos sobre la historia económica del país. Estamos en plena campaña electoral y vemos como algunos candidatos desconocen el proceso de reforma agraria que comenzó en los años 60s y el tamaño de su fracaso, que se observa hasta el día de hoy.
Los predios agrícolas estaban inscritos en los Registros Públicos y cualquier traspaso de propiedad se hacía con contratos de compra-venta antes de los fatídicos 60s. Pero comenzaron las invasiones bajo el “argumento” de terrenos ancestrales etc; y el Presidente Belaúnde cometió el error de declarar que los terrenos invadidos serían adquiridos por el Estado a su propietario, y entregados gratuitamente a los poseedores. Al día siguiente miles de hectáreas fueron invadidas; y el “fenómeno” se volvió imparable. Llegó un gobierno militar en 1968 que para ocultar el enorme despilfarro en gastos militares de origen ruso especialmente, ejecutó un programa confiscatorio de tierras con el lema “el patrón ya no comerá más de tu pobreza”. Se puede leer en el libro reciente de Aldo Mariátegui, como el Ministro de Agricultura, era agente de los rusos.
Han pasado más de 60 años de esto, y sabemos que la sierra sigue manteniendo sus niveles de pobreza, aun cuando los gobiernos locales han recibido suficientes transferencias para ejecución de obras, del canon, que se ha traducido en aumento de los índices de corrupción y en obras inconclusas.
Ahora estamos en plena campaña escuchando propuestas realmente “pavorosas”. Voy a citar a la exministra de Justicia Pérez Tello, cuya propuesta es muy similar a las otras. Ella propone “un dinámico proceso de formalización minera, primero con los informales en concesiones operativas, para que lleguen a un acuerdo con los concesionarios”. Qué entiende por “concesiones operativas” o al menos “en operación”?
Analicemos: si lo que quiso decir es que los mineros informales que hayan invadido concesiones vigentes tendrán un espacio de conciliación con el concesionario, a fin de que lleguen a un acuerdo, está en lo correcto. Pero también, si no llegan a un acuerdo tienen que retirarse. La razón? Pues vuelva a leer el primer párrafo: no se construye desarrollo sin formalidad en la propiedad.
Prosigue la candidata señalando que hay que “desalentar las concesiones ociosas.» Cuál será la entidad omnipotente que va a declarar que una concesión está “ociosa”?, ¿Cuáles serán los criterios?
Pero la candidata persiste en su error y añade “Hay que subir el costo a la concesión ociosa para que tenga un tiempo y, si no puede explotarla, bueno, pues, regresará al Estado y el Estado le dará preferencia a los poseedores, por supuesto, cobrando lo que corresponde”.
No sabe la candidata Pérez Tello que este “modelo” no es nuevo en nuestro país, que terminó en un manejo no-eficiente del territorio, donde los “poseedores” nunca pagaron ni impuestos, ni las tierras que recibieron y menos crearon una agricultura o ganadería eficiente; y que a los dueños que les confiscaron las tierras les entregaron unos bonos que nunca el Estado los redimió (salvo a Gramercy luego de un arbitraje internacional)? Simplificando su propuesta es “más desmadre, más perro muerto, menos minería”.
Culmina la candidata afirmando que sólo la minería ilegal es la que afecta al medio ambiente. En general todas las pequeñas operaciones impactan al medio ambiente, por una simple razón: cuidar el medio ambiente es caro, y vamos a terminar como California, después de la fiebre del oro del siglo XIX, con más de 90 mil pasivos ambientales.
Cuando al candidato López Aliaga se le pregunta como solucionaría este problema pasa inmediatamente a poner como ejemplo la iniciativa “Marsano” donde ingenieros electrónicos de la UNI se reunieron para crear un centro de venta y arreglo de equipo informático. Este negocio comercial se basa en un conocimiento específico y un poco de capital. Mientras que el negocio minero se basa en un amplio conocimiento geológico y es intensa en capital. Pero la geología en nuestro país ha sido generosa y existen vetas muy ricas, accesibles para operaciones en pequeña escala, por un tiempo, pues se “acaban” o necesitan más inversión para profundizar la operación. Entonces el pequeño minero opta por mudarse, o permanecer en el lugar, si la cotización internacional sigue subiendo lo que le puede permitir extraer mineral de más baja ley.
Para complicar más el desmadre que se está generando se ha detectado el “robo” de relaves y su exportación a China. He puesto entre comillas la palabra “robo” porque en la legislación minera no está claramente definido quienes son los propietarios de un relave. La ley le concede propiedad al mineral que se extrae, pero no al residuo de un proceso metalúrgico. El que se proclama “propietario” debería almacenarlo adecuadamente, y cumplir con toda la normativa ambiental y de seguridad minera.
Finalmente, los “palos de ciego” no terminan, y ya se desató una “guerra” entre plantas de procesamiento, que se acusan de “lavado de activos” (léase cierre de cuentas en el sistema financiero).
Nuestra propuesta es que el MINEM tiene que parar los “palos de ciego” y comenzar con acopiar y cruzar información para hacer un seguimiento de las operaciones informales e ilegales estrecho. Establecer como política que en el Perú sólo habrá “Una Minería”, esto es que todas las operaciones tendrán las mismas regulaciones ambientales y de seguridad minera. Por lo tanto Osinergmin y OEFA tendrán que iniciar labores de acompañamiento y de capacitación a las MAPE; así como el INGEMMET deberá otorgar capacitación y certificaciones. El MINEM deberá apoyar a todas las empresas formales de servicios a las MAPE como laboratorios, procesamiento, transporte, centros de conciliación etc a fin de regularizar esta actividad. Con estas medidas creemos que podría iniciarse el camino a la buscada formalización de la actividad.