Hubieron varias noticias trascendentes para el sector minero que no ocuparon titulares en las últimas semanas. En lo positivo, MINSUR registró el mejor desempeño en seguridad entre las empresas del ICMM, que reúne a las empresas mineras más importantes del mundo. Este logro muestra que es posible lograr estándares altos en aspectos como seguridad, aun cuando en nuestro país no existe una cultura al respecto.

Una noticia preocupante fue la impugnación de una subsidiaria de Zijin Mining Group a la decisión del gobierno canadiense  de revisar la compra de la mina “La Arena” de Pan American Silver por razones de seguridad nacional. La postura del gobierno canadiense contra la inversión china avecina un endurecimiento de criterios en el sector de minerales críticos, aunque el oro no lo es.

El precio del oro superó los US$ 2,500 dólares por onza, lo que vislumbra que la lucha contra la minería ilegal será más difícil. En varias de nuestras columnas hemos resaltado que la geología del país que permite que con facilidad se obtenga este metal precioso, que puede servir como moneda, hace casi imposible evitar que muchos peruanos se dediquen a éstas actividades, en un país mayoritariamente informal, y donde campea el narcotráfico. Resulta extraño entonces que las noticias sobre los “corredores” de droga que atraviesan zonas mineras remotas no llegan a los medios de prensa.

Si leemos cuales fueron las consecuencias de la fiebre del oro en California como la contaminación con mercurio, 90 mil pasivos  ambientales y las grandes fortunas que hicieron especialmente los que proveían servicios, se podrían definir mejores estrategias para nuestro país. Entonces la discusión no debería empezar en la eliminación del REINFO o las interdicciones, sino en una mejor fiscalización de plantas y conglomerados mineros por parte de Osinergmin, OEFA y Sunat. Un punto especial debería ser supervisar la calidad de los laboratorios que brindan este servicio a los MAPE.

Pero sólo un gobierno que fije como prioridad apoyar a los sectores formales logrará reducir la informalidad y la ilegalidad. Desde el gobierno de Humala,  que quiso “negociar”  en Conga que no se afectarán dos lagunitas de cuatro, en un territorio de más de cien lagunas; la minería formal sólo ha conocido demoras y tropiezos para sacar adelante proyectos por parte de las comunidades y de los organismos públicos.

Lo último de esta batalla contra la formalidad es la reducción del presupuesto del mecanismo de “Obras x Impuestos” en un país donde campea la corrupción en las obras públicas y hay miles de obras abandonadas e inconclusas.