Hace una semana el Presidente Sagasti anunció la suscripción de un convenio con el gobierno francés para la construcción de una nueva carretera central (CC) de 4 carriles que iba a conectar Cieneguilla con Yauli. Inclusive mencionó que el costo de la obra ascendía a unos 3 mil millones de dólares, y que el “próximo presidente la iba a inaugurar”. Lamentablemente la escueta nota de prensa apareció en el portal de Provías y desapareció. No se conocen más detalles de lo que sería una importante vía para el transporte minero. Al día siguiente de este anuncio, ocurrió un accidente en la CC, que comprobó lo riesgosa que es esta vía.

A finales de febrero se publicó el Índice de Competitividad Minera del instituto canadiense Fraser donde nuestro país ha cedido posiciones debido a dificultades en acceso al terreno, carencia de bases de datos geológicos, inestabilidad política y conflictividad social. El IPE como el CCD también lanzaron sus estudios del número de proyectos mineros en cartera, que si se ponen en construcción cambiaría todas las magras cifras de nuestra economía. Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, alertó que la inversión minera anunciada por el gobierno para este año, no está destinada a aumento de producción sino a renovación de equipo mayormente.

Mientras que esto sucedía ninguno de los candidatos a la presidencia de la república a excepción de Rafael Lopez Aliaga (RLA) planteaba una solución a la falta de infraestructura que ocasiona que las zonas rurales no puedan desarrollarse, y esto a su vez es el “combustible” para la conflictividad social.

Los candidatos no han tocado el tema “Odebrecht”. Parecen desconocer la enorme contingencia que tiene el próximo gobierno pues Vizcarra “pateó el tema” y ya se tiene que tomar una decisión sobre la construcción de un gasoducto en el sur (si se quiere tener energía disponible) y resolver los reclamos de Odebrecht y sus socios. RLA como empresario sabe perfectamente que los problemas no se pueden patear para delante.

No sólo ésta “obra” debería ser revisada sino todas las concesiones viales que se han suscrito con las más altas tarifas de Sudámerica y de calidad dudosa.

No se podrán construir todos los proyectos mineros, necesarios según el IPE y el CCD, sino se resuelve de una vez el atraso de la infraestructura vial pública, y la disponibilidad de energía competitiva en el Sur.

En el último “boom” del precio del cobre, Humala tuvo mucho dinero para gastar en obras públicas. Las constructoras brasileñas radicadas en Perú aumentaron su facturación en 5 veces. Esperemos que en este “boom” se ejecuten las obras públicas que nuestro país necesita, para abaratar los costos del transporte de productos no sólo mineros sino de los que producen los pequeños agricultores.