Define Consultoría, la empresa liquidadora de Doe Run Peru  está pidiendo dos años más para poder vender el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Según los expertos el sector extractivo volverá a ser atractivo a partir de 2019. Anglo American se propuso obtener 15 mil millones de dólares vendiendo algunos activos, entre ellos una moderna de fundición de cobre, cerca de Santiago; y no ha encontrado tampoco un comprador.

También se ha dicho que con los actuales estándares ambientales el CMLO no podría operar pero no se ha publicado ningún análisis económico. Los ejecutivos de la fundición Paipote, en Chile, presentaron al inicio de agosto sus cifras para modernizarla. Para este centro metalúrgico se necesitan 65 millones de dólares para capturar el 95% del SO2 que sus humos lanzan al ambiente; y 700 millones de dólares si la obligan a capturar el 99% del SO2.

La Oroya debe tener un “spread ambiental” similar. Pues según información periodística si los acreedores renuncian a cobrar su deuda total, y se brinda a un operador la posibilidad de completar el PAMA en 3 años y 11 años adicionales para adecuarse a los nuevos estándares ambientales, el reinicio de CMLO sería factible. Léase emitir al ambiente volúmenes contaminantes de SO2 que otras fundiciones de nuestro país tienen que controlar.

En el mercado internacional de fundiciones existen unas pocas que procesan concentrados complejos o “sucios” (que contienen elementos con consecuencias negativas para la fundición) pero a costos altos. Este es el caso de CMLO. Desde 2014 China, que consume el 40% del cobre mundial, ha restringido la importación de concentrados de cobre, permitiendo sólo aquellos con contenido de arsénico menor a 0.5%. Esto es un gran cambio, porque anteriormente sólo se penalizaba este contenido. Ante este hecho los productores han desarrollado varias alternativas siendo el “blending” el más común. Esto es mezclar concentrados “limpios” con concentrados “sucios” a fin de obtener un producto con un contenido que pueda ingresar a China. Otra alternativa es adaptar la fundición para procesar este tipo de concentrados pero evitando las fugas de elementos nocivos. Este es el caso de la fundición Tsumeb (Namibia), que procesa inclusive concentrados peruanos con 8% de arsénico.

Se desconoce si el plan de negocio de CMLO considera proseguir con el tratamiento de concentrados “sucios” pero captando todos los elementos nocivos, pues Doe Run Peru no tuvo este cuidado e inclusive aumentó producción,  importando concentrados que eran rechazados en todo el mundo.

El argumento de este régimen de privilegios (condonar deudas, licencia para contaminar, pasivos ambientales asumidos por el Estado) es que 1500 trabajadores no sean despedidos, aunque las condiciones laborales que se proponen tampoco cumplan con la normativa vigente de salud ocupacional.

En resumen, es obvio que el mayor seguro que pueden tener los trabajadores y la población de La Oroya de contar con un centro de trabajo permanente  es que se instale pronto, y no dentro de 14 años, un centro metalúrgico con la mejor tecnología que le permita operar por los próximos 30 años, a bajo costo y sin ningún cuestionamiento laboral o ambiental.

De no ser posible, existen experiencias exitosas en todo el mundo de cómo se facilitaron el cierre de operaciones no competitivas con políticas estatales de ayudas para un desarrollo alternativo. Por ejemplo España cuando cerró sus minas de carbón.