En primer lugar educar a la ciudadanía que con el ambiente existen no sólo derechos mencionados en nuestra Constitución (“gozar de un ambiente equilibrado y adecuado”) sino obligaciones como ahorrar agua, desagregar basura, sembrar un árbol, no utilizar bolsas plásticas; obligaciones que están ya recogidas en nuestra normatividad, y que por el artículo 38 de nuestra Carta Magna, estamos obligados a “respetar, cumplir y defender”.
En estos últimos cinco años tuvimos un MINAM que desdeño trabajar con indicadores ambientales como lo hacen todos los países del mundo. Desde hace varios lustros el Banco Mundial publica el “Green Book” donde muestra tabla comparativas tomadas de estos indicadores. ¿Cómo está nuestro país comparado con otros países de la región?….¿Mejoró su desempeño en este último gobierno? son preguntas que no se han planteado y nadie responde; pues la discusión ambiental ha estado centrada en los proyectos mineros Conga o Tía María, o sea, se ha seguido la agenda de los grupos ambientalistas, que no necesariamente coinciden con la agenda ambiental que debe seguir nuestro país.
La preocupación ambiental nace en el mundo cuando se descubre su conexión con problemas de salud pública. Agua contaminada y no tratada, quemar basura o cocinar tradicionalmente con leña causa daño a la salud. Pero el grueso de la población desconoce esto. Todos hemos visto en la televisión las marchas en la ciudad de Cajamarca contra Conga, pero los televidentes no fueron informados que en esa ciudad de 400,000 habitantes no funciona la planta de tratamiento de aguas servidas hace más de 10 años. Chile se jacta que trata el 100% de sus aguas servidas. Las cifras peruanas no las sabemos. El ministro de Vivienda se ha quejado últimamente que la población gasta en un teléfono celular pero se niega a pagar un mínimo por consumo de agua.
En el caso de “Tía María”, políticos, autoridades y opinólogos han resaltado las 130 observaciones que UNOPs encontró en su primer EIA, pero nadie ha leído ni comentado que en la línea base de ese estudio, se han encontrado valores por encima de los límites permisibles en el agua del río Tambo. La construcción del proyecto minero no ha comenzado, pero el río ya está contaminado por la actividad agrícola.
El MINAM ha defendido en muchos foros internacionales el “derecho de acceso a la información pública” uno de los principios de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que el mundo se ha fijado alcanzar antes del 2030. Pero ha hecho muy poco para generar, sistematizar y contextualizar la información ambiental que recogen diferentes organismos, y el SINIA no es precisamente una fuente rigurosa de información.
En resumen tuvimos un MINAM que se dedicó a “desvestir un santo para vestir otro” en los últimos años, para disimular su inoperancia. Lamentablemente las instituciones creadas no han mejorado el desempeño ambiental del país. Lo que debieron haber hecho es corregir y/o construir lo que faltaba. Mientras que los sectores minero y energético tienen normas desde 1993, hay otros sectores donde no se ha avanzado nada. Tampoco se ha hecho nada en articular la vigilancia ambiental en todo el país donde intervienen cada día más instituciones; generándose más gasto sin ninguna eficiencia. Las últimas: construir un mega laboratorio para el MINAM porque el de DIGESA es “muy chico”; publicar un texto de más de 100 páginas sobre el contenido de un EIA minero o ponerle un ISC a la producción artesanal de carbón.