Cuando escribo estas líneas 33 mineros chilenos permanecen atrapados hace más de una semana en la mina San José que ha colapsado. El Presidente Piñera, al igual que lo hizo el Presidente Obama cuando ocurrió el derrame de petróleo de BP en Abril, ha descargado su ira sobre el organismo fiscalizador, destituyendo a tres funcionarios.
¿Cómo evitar que estos lamentables accidentes se repitan? La tarea no es fácil, pues todos los fiscalizadores del mundo, de todos los campos, tienen que enfrentar diariamente a la codicia de ciertos empresarios que rayan en la irresponsabilidad. Esta tarea es solitaria, porque falta una conciencia pública y de comprensión de estos problemas. Lo hemos visto tanto en La Oroya, donde todos los pobladores nunca exigieron se corrijan los problemas ambientales, o en EEUU, cuando ocurrió la debacle financiera del 2008.
En la búsqueda de una mejor fiscalización minera, en nuestro país, se ha pasado en los últimos cuatro años, del Ministerio de Energía y Minas, al Osinergmin y recientemente a la OEFA. Tantos cambios despiertan escepticismo porque para hacer una buena fiscalización minera se necesita saber de minería y de fiscalización y en el caso ambiental además conocer de procesos químicos y toxicología.
Hace 20 años cuando apareció la primera norma ambiental comenzó a gestarse el mayor error de nuestra política ambiental: creer que la calidad ambiental y el crecimiento económico son objetivos incompatibles. Así escuchamos decir constantemente que el organismo que promueve no debe ser el mismo que fiscalice, como si “promover” signifique “permiso-a-todo”. Obviamente, esto ha desencadenado que la discusión ambiental se ha alejado del ámbito científico para caer en una polaridad “¿contamina o no?”, pregunta tan simplona como peligrosa por su repercusión social.
Este error surgió porque nos copiamos de la estructura de los países desarrollados, que mantienen unas instituciones ambientales centrales, sin fijarnos que estas instituciones son fuertes porque se sustentan en extensa investigación científica, políticas de salud preventiva y aparato judicial predecible, todo lo que no tenemos. El resultado ya todos lo sabemos: “conflictos socio-ambientales” inmanejables por doquier.
En resumen, el funcionario peruano que fiscaliza hoy está enfrentando la codicia de los empresarios, que ante cualquier accidente por errores operacionales, culpa a la “mano de Dios”, manipulando teorías para reducir las multas; opinión pública y prensa que desconocen totalmente los problemas y una estructura ineficiente, que no sólo no toma en cuenta todas las disciplinas que confluyen en un determinado proyecto, sino también, que nuestro país es extenso geográficamente, y que debe haber sedes macroregionales que supervisen mas cercanamente a las operaciones mineras y extractivas en general.