Desde 2005 los titulares de minas y fundiciones deben constituir a nombre del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) garantías de “importe suficiente y realización oportuna” que respalden el cumplimiento de los Planes de Cierre, o que llegado el caso, el MINEM las pueda ejecutar para llevar a cabo las labores de cierre. Esto con el fin de evitar se gesten más pasivos ambientales que terminen siendo remediados por el Estado y se deteriore la imagen de la minería en general.

Esta obligación ha sido cumplida religiosamente por la mayoría de titulares mineros en los últimos 14 años. Incluso, el ministro Ismodes ha señalado en varias oportunidades que existen más de 8600 pasivos en el país, que le costarán al Estado más de mil millones de dólares remediar. El presupuesto de sólo este año supera los 270 millones de soles. Hace dos semanas  Ismodes  amenazó con “ejecutar las garantías” de la mina Tucari por no cumplir a tiempo con su plan de cierre.

En 2016 se permitió que la garantía para el cierre podría estar constituida por bienes inmuebles hasta en un 50% y la diferencia, como el espíritu de la ley lo exige, sí tendría que ser suficientemente líquida, por lo tanto el titular debería presentar carta fianzas, pólizas de caución o un fideicomiso en efectivo.

Sin embargo el 26 de junio último El Peruano publica una resolución firmada por el ministro Ismodes, donde hace referencia a un informe sobre la preocupación de la Dirección General de Minería que ha “advertido” que existe la dificultad en los titulares que están en un procedimiento concursal de conseguir financiamiento en los bancos y seguros, por lo que el MINEM les otorgará la facilidad de incrementar el porcentaje de 50% a 100% de las garantías en bienes inmuebles, para lo cual se realizará una “tasación comercial” de los mismos.

Los titulares que podrían ser beneficiados por esta resolución son el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la mina Quiruvilca, Castrovirreyna, las minas de la familia Sanchez Paredes, pues todas ellas están en proceso concursal.

Es fácil de intuir que con esta medida el MINEM se hará de varias plantas que serán imposibles de transferir, como lo es el Complejo de La Oroya, donde se ha visto pasar año tras año liquidadores, asesores, etc. que prometen vender estas instalaciones, que están “tasadas” en US$ 280 millones, aun cuando no tiene un solo interesado en todo el mundo.

No se entiende porque el ministro Ismodes ha decidido que nosotros los contribuyentes tenemos que financiar el cierre de éstas operaciones mineras, mientras sus operadores no han sido sancionados penalmente y/o hayan perdido el dominio de sus propios bienes por el daño ambiental que están ocasionando al abandonar instalaciones sin cerrarlas apropiadamente. Es obvio que en el proceso judicial correspondiente presentarán tasaciones infladas de los inmuebles que dejaron abandonados, al lado de yacimientos agotados.