«Los abruptos ciclos mineros no son algo que el país o las empresas del rubro puedan subsanar. En cambio, lo que sí está a nuestro alcance es administrar las políticas públicas, de manera de hacer máximo el atractivo de Chile para la exploración y la explotación minera …»

Tiempos difíciles ha vivido la minería chilena. Concluido el auge de la demanda china, que por ocho años mantuvo los precios del cobre muy por encima de lo normal, el sector ha debido restringir la producción, recortar costos y elevar su eficiencia. La prolongada y costosa huelga por la que atraviesa Minera Escondida es una manifestación de las dificultades que el ajuste involucra.

Los abruptos ciclos mineros no son algo que el país o las empresas del rubro puedan subsanar. En cambio, lo que sí está a nuestro alcance es administrar las políticas públicas, de manera de hacer máximo el atractivo de Chile para la exploración y la explotación minera a los ojos de los inversionistas nacionales y extranjeros.

El Instituto Fraser, prestigiado centro de estudios canadiense, elabora anualmente un ranking internacional a partir de una encuesta efectuada a las principales compañías mineras del mundo. El indicador combina su visión sobre el potencial geológico de las diferentes jurisdicciones (ya sea países o estados federales) con la de las políticas públicas vigentes en ellos en cuanto a derechos de propiedad, carga tributaria aplicable y regulaciones ambientales o de otra índole. Mientras encabezan el ranking los distritos mineros de Australia y Canadá, entre los últimos puestos aparecen -ominosamente- algunas provincias argentinas.

El veredicto que para la minería chilena contiene el último informe del Instituto Fraser es lapidario: el año pasado descendimos 28 puestos en el ranking mundial, hasta el lugar 39, y quedamos bajo Perú, quien ostenta ahora la mejor posición de América Latina. Conviene recordar que en 2013 figurábamos en la cuarta posición a nivel mundial. Nuestro descenso se debe en parte a la progresiva extinción de los yacimientos de mejor calidad geológica, pero también refleja un alarmante deterioro de la percepción de la calidad de las políticas públicas relevantes para el sector. En efecto, en ese listado específico hemos retrocedido desde el puesto 18, en 2012, al 35 en la actualidad.

El tema reviste la mayor importancia para el país. La minería no solo es fuente de financiamiento fiscal, sino que motor del desarrollo económico y social. Ahora que el precio del cobre parece estar afirmándose, y hay quienes pronostican que podría regresar a los US$ 3 por libra durante el año, vuelve a ser prioritaria la revisión de la normativa para eliminar los escollos regulatorios y burocráticos que desalientan la inversión. Al respecto, las autoridades de gobierno han guardado un silencio riguroso. El informe en comento hace alusión específica a la insuficiente información geológica y a la incertidumbre relativas a las áreas protegidas. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, sostiene que lo primero podría resolverse mediante un reglamento que la autoridad pertinente lleva al menos cinco años en elaboración. En cuanto a la regulación de áreas protegidas, denuncia que «es cada vez más habitual encontrarse con nuevas zonas de restricción a la actividad productiva», impuestas a nivel ya sea central, regional o local.

Estas y otras cortapisas para la inversión minera merecen la máxima atención del Gobierno y es de esperar que su remoción forme parte de los planes que hoy trazan las candidaturas presidenciales.

Fuente: El Mercurio