Una suma de factores internos y externos presionan el desempeño minero del vecino país. Aunque sigue siendo uno de los más atractivos para invertir en América Latina y el mundo, enfrenta varias dificultades: costos que suben más rápido de lo que bajan los precios, álgidos conflictos sociales, una burocracia cara y lenta, y sequía en el financiamiento, por mencionar algunas.
Por Marta Lillo
Pese al avance sostenido que experimentó la minería en Perú en la última década, el país no está exento de los problemas que actualmente sacuden a esta industria a nivel mundial. Lo que sumado a sus propias dificultades internas dibuja un panorama no muy apetitoso para los inversionistas en la actualidad. Así al menos lo grafican diversos analistas y empresarios que participarán de la próxima versión de Perumin, que a partir del 21 de septiembre próximo abordará las principales inquietudes que vive la nación vecina.
Entre los aspectos positivos del país está el hecho de que con el tiempo ha logrado escalar en diversos rankings sobre participación y atractivo para el desarrollo de la minería en el mundo. Así, por ejemplo, la consultora internacional Behre Dolbear, que elabora el ranking mundial Where to Invest, en su versión 2015 ubica al país como el tercer mayor productor de cobre, zinc y plata, y como el sexto mejor clima de inversión para la minería en el mundo. Este comportamiento se fundamenta principalmente por aspectos que se mantienen, como los bajos costos de la energía y mano de obra, que impulsan su competitividad.
No obstante, en los últimos tres años el camino se ha puesto más difícil en otros factores: el resto de los costos de producción no han bajado a la velocidad en que lo han hecho los precios de los metales y, además, se han agravado los problemas asociados al acceso al agua y la conflictividad social. También se ha intensificado la burocracia para la entrega de licencias de aprobación de los proyectos.
“El retorno de inversión es menor al esperado porque a nivel mundial cambiaron los supuestos”, describen Alfredo Remy, líder de Minería, y Javier de la Vega, socio de Tax & Legal, de PricewaterhouseCoopers (PwC) Perú. “También estamos entrando a un año electoral, lo que genera cierta incertidumbre. Se junta todo esto como una tormenta perfecta”, agregan al describir el actual panorama del país.
El oro ya no lo paga todo
En lo que va de 2015, las inversiones mineras acumuladas en Perú suman unos US$ 4.000 millones y se espera que cierren el año en US$ 7.500 millones, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dos son los “buques insignia” en esta inversión: Cerro Verde, de Freeport-McMoRan, en Arequipa, y Las Bambas, del consorcio chino formado por las estatales MMG Limited, Guoxin International Investment y Citic Metal en la región de Apurímac. Sin embargo, el país ostenta un portafolio importante de proyectos paralizados. Entre 2008 y 2014, 15 proyectos fueron pospuestos o retrasados por conflictos sociales y tramitaciones, siendo Conga, el joint venture de la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, el más polémico.
Es así que el PIB peruano dejó de percibir por estas paralizaciones cerca de US$ 21.515 millones, con una producción perdida equivalente a US$ 24.640 millones, de acuerdo a cifras del Instituto Peruano de Economía. “Hace algunos años, con los precios que teníamos, el clima era de ‘el oro paga todo’, es decir, importaba producir y no el costo. Pero desde 2013 las empresas están mirando cómo recortar más costos (…) y cómo aumentar el volumen de producción para compensar la diferencia en el margen”, precisa Alfredo Remy.
Parte del problema de los conflictos sociales es el marco normativo. Al igual que Chile, el país firmó el Convenio 169 de la OIT, pero no le ha sido posible ponerlo en marcha a nivel legislativo. “Aún hay disputas dentro del mismo gobierno de cómo hacerlo. Se trata de un tema que estuvo muy fuerte en la agenda política hace algunos años, pero ahora ha bajado porque está comenzando la campaña electoral. Pero apenas surja el nuevo gobierno, estará en su lista por hacer”, sostiene Ricardo Labo, director ejecutivo de la consultora Labo Mining Strategies.
Sin embargo, el consultor advierte que no hay que generalizar en cuanto a que todas las compañías tengan este problema. “No es tal el caos que se ve (…) Es bien específico a algunas empresas. Como en toda clase, hay buenos y malos ejemplos”, insiste. Dice que un fenómeno que se ha detectado es que mientras más antigua sea la minera, más conflictos protagoniza. “Su forma de trabajar y adaptarse a las nuevas realidades administrativas y sociales ha sido más lenta. Y también carga con un pasado. Entonces, ya no le otorgan el beneficio de la duda”, enfatiza.
Así, ocurren contradicciones como las de los departamentos Cajamarca y Arequipa. En el primero está Conga, y algunos kilómetros más allá La Granja, de Rio Tinto, que tiene su licencia social aprobada. En Arequipa, Tía María protagoniza violentas manifestaciones, pero también está Cerro Verde, que avanza sin contratiempos. “Esto es un indicador de que los conflictos dependen de la gestión, reputación y forma de trabajo de cada empresa”, insiste Labo. Una idea recurrente en este sentido es que las mineras otorguen participación accionaria a las comunidades, pero esa idea no convence a todos. Labo plantea que “si forma parte de una solución integral, y es uno de los tantos mecanismos a usar, podría funcionar. Pero hoy en día nada impide que una comunidad compre acciones de una empresa minera en la Bolsa. Por eso no es responsable crear expectativas ni menos imponer quién puede ser accionista o no de un proyecto”.
Procesos obsoletos
Por otro lado, la lentitud y obsolescencia en la tramitación de licencias administrativas y ambientales estarían minando las pocas oportunidades de inversión factibles. “El flujo de inversión en los últimos quince años ha sido tal, que ha desbordado la capacidad de manejar la carga administrativa del gobierno. La burocracia no se ha preparado en cuanto a capacitación y cantidad de gente. Por eso se está formando un cuello de botella”, sostiene Labo.
Tampoco hay una mejor gestión de recursos generados por los impuestos a la ganancia, conocidos como canon. “Aquí encontramos otra falta de preparación, la de las regiones para recibir estos ingresos. También hay cuellos de botella, lo que genera frustración en empresas y comunidades. Tampoco la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales es la mejor por este cambio rápido”, afirma el consultor.
Se trata de una crítica recurrente a los gobiernos regionales, precisa Javier de la Vega, desde PricewaterhouseCoopers Perú. “Con lo poco o mucho que tienen terminan haciendo nada”, afirma. Por ende, más que falta de ingresos mineros, esta riqueza no se estaría traduciendo en desarrollo, es la queja tanto de comunidades como de mineras. A esto se suma la falta de mejor coordinación y responsabilidad entre los distintos niveles de gobierno en el país. “Todas las decisiones sobre otorgamiento de concesiones y licencias son a nivel nacional, pero las regiones y las localidades tienen y no tienen mucho que decir. Por eso vemos gobernadores compitiendo por poder político, negando o aceptando proyectos, por ejemplo”, insiste el consultor.
Un paso en la dirección correcta para destrabar estos cuellos de botella son los recientes esfuerzos del gobierno para reducir los plazos de obtención de permisos de proyectos de infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, añade el abogado especialista en minería Luis Carlos Rodrigo, socio de la firma Rodrigo, Elías & Medrano Abogados en Lima. Sin embargo, la sobrerregulación en temas administrativos y ambientales dificulta el avance.
En particular están los niveles de emisión sobre calidad del aire que obligan alcanzar el estándar de 20 ug/m3, uno de los más exigentes del mundo. “Es uno de los problemas que han impedido la venta de la fundición de La Oroya por Doe Run Perú, por ejemplo, y generado trabas”, explica Rodrigo.
Impuestos al límite
En cuanto a la carga tributaria, nada indica por ahora que el gobierno esté evaluando elevarla nuevamente. Los expertos describen que este ítem tienen un espacio fijo en la agenda política peruana desde los años 90.
Cinco gobiernos han modificado las regalías o impuestos a ganancias a las mineras. El último gran cambio fue en 2011, cuando la tasa quedó en 42%. “De hecho, cuando se hizo el análisis en su oportunidad, el consenso fue que Perú ya estaba al límite de lo que podía pedirles, en términos de impuestos, a las mineras. Un punto más significa comenzar a perder competitividad”, explica Javier de la Vega.
El abogado Luis Carlos Rodrigo agrega que los gravámenes actuales son razonables para no añadir problemas significativos a las empresas. “Actualmente, el marco es razonable y no requiere de un cambio o revisión radical, más allá de algunos aspectos que se deben aclarar o complementar para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, plantea. Pero en algún momento es posible que esté en la agenda de los candidatos, según Labo. “Es difícil saber cómo. Pero hacer un cambio ahora sería de locos dado que los anteriores gobiernos convivieron con el superciclo de los commodities”, advierte.
Apretando el cinturón
La dificultad para acceder a financiamiento tocaría fondo pronto, dice el banquero de inversiones mineras Simion Candrea, desde Toronto. “Está difícil financiar cualquier proyecto en cualquier lugar del mundo, no importa lo bien que estén sus números. En Perú pasa lo mismo”, asegura.
Las dificultades financieras se notan en la propia Bolsa de Lima. Si el sector minero representaba el 50% del principal índice peruano hace apenas tres años, hoy esa participación bajó al 30%, explica el gerente general de la empresa de Kallpa Securities SAV -especializada en banca de inversión y corretaje-, Alberto Arispe. La desazón perjudica sobre todo al mercado junior y de exploración, que no encuentra fácilmente recursos en este sector. “Los que cuentan ya con recursos y estudios aprobados están renegociando fondos vía acuerdos streaming o venta adelantada”, agrega.
Al mismo tiempo, las mineras peruanas están reduciendo costos al hueso, optimizando su Ebitda y focalizándose en proyectos más pequeños. Todas sin excepción están haciendo reingenierías, destaca Héctor Collantes, jefe de Equity Research en Credicorp Capital. Dice que con las adecuaciones se espera que los nuevos proyectos se muevan en el rango de US$ 300 millones y US$ 2.500 millones en inversión, por debajo de otras iniciativas del pasado.
Por otro lado, una alternativa que podría ganar vuelo en los siguientes meses es la generación de joint ventures como el mix de las mineras Goldcorp y Teck en Chile. Este formato ayuda a compartir el riesgo en momentos en que “la curva de aprendizaje tiene un costo altísimo”, precisa Remy de PwC Perú.
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Fuente: quepasamineria.cl