{"id":1228,"date":"2015-06-26T17:51:25","date_gmt":"2015-06-26T17:51:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mariachappuis.com\/blog\/?p=1228"},"modified":"2019-04-08T18:17:05","modified_gmt":"2019-04-08T23:17:05","slug":"proyectos-afectados-por-convenio-169-superan-us9-000-millones-en-primer-ano-de-bachelet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mariachappuis.com\/blog\/archivos\/1228","title":{"rendered":"Proyectos afectados por Convenio 169 superan US$9.000 millones en primer a\u00f1o de Bachelet"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.mariachappuis.com\/blog\/archivos\/1228\/pelambrescamionesmina1-540x350\" rel=\"attachment wp-att-1229\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1229\" alt=\"pelambrescamionesmina1-540x350\" src=\"http:\/\/www.mariachappuis.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/pelambrescamionesmina1-540x350.jpg\" width=\"540\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/mariachappuis.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/pelambrescamionesmina1-540x350.jpg 540w, https:\/\/mariachappuis.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/pelambrescamionesmina1-540x350-300x194.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 540px) 100vw, 540px\" \/><\/a><\/p>\n<p>(Pulso) El desarrollo de grandes proyectos de inversi\u00f3n privada es una de los objetivos del Gobierno para levantar la alica\u00edda econom\u00eda nacional. Pero, como ha dicho la Presidenta Bachelet, la idea es que toda nueva obra cumpla al pie de la letra la legislaci\u00f3n. Y aqu\u00ed se entra a un terreno que ha sido calificado por algunos como hostil, y que ha entrampado el inicio de iniciativas millonarias, que generan cientos de empleos: el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>El Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo obliga a los Estados que lo ratifiquen, como Chile, a \u201cconsultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a trav\u00e9s de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente\u201d, entre otras cosas, por lo tanto les da voz a las comunidades ind\u00edgenas en el desarrollo de un proyecto que los involucre de alguna manera.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de una solicitud de informaci\u00f3n p\u00fablica realizada por Pulso, el Ministerio de Medio Ambiente accedi\u00f3 a entregar las cifras respecto a los proyectos que mantienen procesos de consulta ind\u00edgena.<\/p>\n<p>As\u00ed es como durante el periodo 2014 y 2015 se abrieron 10 Procesos de Consulta Ind\u00edgena (PCI) a nivel nacional y se finalizaron siete. Actualmente, el Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA) se encuentra desarrollando quince PCI, distribuidos en las regiones de Tarapac\u00e1, Antofagasta, Atacama, Biob\u00edo, Araucan\u00eda, Los R\u00edos, y Los Lagos.<\/p>\n<p>Las comunidades que han participado en estos procesos pertenecen a los pueblos Atacame\u00f1o, Quechua, Colla, Diaguita, Aimara, y Mapuche.<\/p>\n<p>\u201cDe esto podemos se\u00f1alar que el monto para los proyectos con procesos de consulta ind\u00edgena en desarrollo es de US$9.024 millones; para los proyectos con procesos de consulta ind\u00edgena proyectada es de US$1.806 millones y para los proyectos con procesos de consulta ind\u00edgena concluida fue de US$10.223 millones\u201d, destaca el Ministerio de Medio Ambiente.<\/p>\n<p>Pautas a seguir<\/p>\n<p>Casi 20 a\u00f1os tom\u00f3 al Estado de Chile ratificar el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT). Chile fue el \u00faltimo pa\u00eds en Latinoam\u00e9rica en respaldar la normativa que alude a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n<p>El convenio obliga a Chile a realizar un proceso de consulta previo a los proyectos de inversi\u00f3n, pero el problema es la ambig\u00fcedad de la reglamentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Conceptos como afectaci\u00f3n directa y a qui\u00e9n se le pregunta se han convertido en verdaderos dolores de cabeza para inversionistas y abogados.<\/p>\n<p>El esp\u00edritu del Convenio 169 es que exista un acuerdo de buena fe entre las empresas que busquen desarrollar una iniciativa con las comunidades ind\u00edgenas aleda\u00f1as a la misma. Eso significa que para hacer un proyecto de inversi\u00f3n debe existir un entendimiento o consentimiento de las agrupaciones ancestrales.<\/p>\n<p>El Reglamento de Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica (EAE) que fue elaborado por el Gobierno del ex Presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era y que Contralor\u00eda tom\u00f3 raz\u00f3n, no fue publicado por decisi\u00f3n del Ministro del Medio Ambiente actual, b\u00e1sicamente por las debilidades t\u00e9cnicas del mismo en la evaluaci\u00f3n ambiental aplicada a pol\u00edticas y planes, cuesti\u00f3n que se pretende resolver con una propuesta m\u00e1s robusta, destaca la secretar\u00eda de Estado liderada por Pablo Badenier.<\/p>\n<p>\u201cEn la actualidad, la versi\u00f3n de Reglamento que se ha trabajado en esta administraci\u00f3n, 2014-2018, est\u00e1 en revisi\u00f3n por Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, con quien el Ministerio del Medio Ambiente ha trabajado arduamente para lograr tomar acuerdos\u201d, destaca la actual autoridad, la cual hace hincapi\u00e9 en la nueva estrategia que se busca desarrollar para la aplicaci\u00f3n en territorio nacional del Convenio 169. \u201cEl reglamento que hoy se encuentra en revisi\u00f3n por parte del \u00f3rgano contralor tiene una visi\u00f3n de evaluaci\u00f3n estrat\u00e9gica y no de proyecto, lo que permite poner \u00e9nfasis en una evaluaci\u00f3n integral, de largo plazo que incorpore las consideraciones ambientales de manera temprana y participativa\u201d, se\u00f1ala el ministro Pablo Badenier. Con esto, y otros aspectos m\u00e1s t\u00e9cnicos de la EAE, a\u00f1ade el secretario de Estado, se quiere potenciar la incorporaci\u00f3n de los temas ambientales en las tomas de decisi\u00f3n de instrumentos tan importantes como las Pol\u00edticas P\u00fablicas y los Instrumentos de Planificaci\u00f3n Territorial.<\/p>\n<p>La visi\u00f3n de los expertos<\/p>\n<p>Mientras no se dicta el nuevo reglamento, la relaci\u00f3n entre inversionistas privados y comunidades ind\u00edgenas se torna a\u00fan m\u00e1s compleja. Frente a esto, los abogados vinculados a esta \u00e1rea, plantean las mejoras que podr\u00edan introducirse a la normativa vigente con el fin de armonizar de mejor manera los intereses de todos los involucrados.<\/p>\n<p>\u201cLos liderazgos son muy difusos y eso complejiza cualquier consulta ind\u00edgena. Si no sabes a qui\u00e9n consultarle o qui\u00e9n es la voz autorizada dificulta todo proceso\u201d, destaca Eugenio Evans, abogado socio de Cubillos &amp; Evans. Y agrega: \u201cDado que los procesos de consulta ind\u00edgena se les ha dado una gran relevancia en la tramitaci\u00f3n de los proyectos en Chile, hoy asomar como ind\u00edgena o sostener una pretensi\u00f3n ind\u00edgena es gratis aun cuando no se tenga. Esto se transforma en una traba, porque se centra exclusivamente en la medida que hayan pagos destinados a mitigar o a compensar da\u00f1os que no est\u00e1n claros que efectivamente se produzcan. En buen chileno han aparecido m\u00e1s ind\u00edgenas de los que hay\u201d.<\/p>\n<p>Frente a esto, el experto propone generar una instancia en que se defina con claridad las comunidades afectadas por un proyecto. \u201cEs dif\u00edcil adelantarse, pero s\u00ed se debe buscar alg\u00fan tipo de instancia administrativa que con eficacia defina -para siempre- si un proyecto se puede desarrollar en una zona ind\u00edgena y cu\u00e1les son las mitigaciones que tienen que entregarse permanentemente a los ind\u00edgenas\u201d, sostiene Evans.<\/p>\n<p>Paulina Riquelme, socia fundadora de EeLaw Medio Ambiente y Energ\u00eda Asesor\u00edas Legales Ltda., sostiene que el SEA no cuenta con el personal y la infraestructura para hacerse cargo de la consulta ind\u00edgena. \u201cSi uno analiza el tema, los profesionales que se dedican a esto son los mismos los que se dedican a la consulta ciudadana.<\/p>\n<p>En general, el tema ind\u00edgena es un tema bastante forzado porque el Estado no se hace cargo de su obligaci\u00f3n (\u2026). El Estado no ha asumido \u00edntegramente sus obligaciones. Aquellas regiones con m\u00e1s presencia ind\u00edgena debieran contar con personal acorde a este requerimiento\u201d, afirma la abogada.<\/p>\n<p>Para Mario Galindo, socio de Vergara, Galindo y Correa Abogados, la soluci\u00f3n pasa por sacar la consulta ind\u00edgena del Sistema de Evaluaci\u00f3n Ambiental. \u201cNo me parece que esos dos procesos sean conciliables. La consulta tiene tiempos y requerimientos propios; en el SEIA se generan tiempos estrechos y acotados. Creo que eso ha sido muy dif\u00edcil de manejar\u201d, explica el abogado, quien no comparte la visi\u00f3n de que exista un aprovechamiento de personas o comunidades en la aplicaci\u00f3n del Convenio 169. \u201cNo me atrever\u00eda a decir que en el tema de la consulta hay un aprovechamiento de las comunidades ni nada semejante; es un instrumento nuevo que hay que aplicar\u201d, afirma.<\/p>\n<p>Pese a todo, el experto dice que a\u00fan hay muchas cosas por mejorar y aplicar en los procesos de consulta, lo que -afirma- tornar\u00eda todav\u00eda m\u00e1s la compleja situaci\u00f3n actual.<\/p>\n<p>\u201cEl convenio tiene muchas y m\u00faltiples regulaciones que por ahora no se han aplicado en Chile, salvo algunas cosas en materia penal. Si se aplicaran en su integridad, ah\u00ed s\u00ed que otro gallo nos cantar\u00eda y no para bien. En el Convenio 169 hay reglas sobre participaci\u00f3n de los beneficios, tierras, relocalizaciones, educaci\u00f3n, idioma y otros temas\u201d, recuerda Mario Galindo.<\/p>\n<p>Alvaro Toro, abogado de la junta de vecinos de Totoral y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, plantea la compleja relaci\u00f3n que existe entre la aplicaci\u00f3n del Convenio 169 y otras leyes del pa\u00eds. \u201cTendr\u00eda que haber un cambio radical y en general de nuestra normativa, desde la Constituci\u00f3n para abajo, porque en realidad lo que dice el Convenio claramente es que los pueblos originarios tienen ciertos derechos. Esos derechos se contraponen a algunas garant\u00edas privadas que establece nuestra normativa en el C\u00f3digo Minero, C\u00f3digo de Aguas la Constituci\u00f3n con su art\u00edculo 19 N\u00b0 24. Por eso, permanentemente, hay un tira y afloja\u201d, afirma el experto. Y remata: \u201cLa gran discusi\u00f3n es cu\u00e1l norma predomina y cu\u00e1l prevalece o tiene mayor relevancia. Esa es la discusi\u00f3n que les encanta a los abogados de las empresas poner en el tapete. Aqu\u00ed en Chile, varios jueces ya han ido resolviendo y han establecido una categor\u00eda de pueblos sociales que tienen otro est\u00e1ndar\u201d.<\/p>\n<p>Fuente:<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Pulso) El desarrollo de grandes proyectos de inversi\u00f3n privada es una de los objetivos del Gobierno para levantar la alica\u00edda econom\u00eda nacional. 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