El problema es muy complejo pero se pueden tomar algunas medidas para detener su crecimiento exponencial. El CEDIB presentó en mayo un estudio sobre los cambios en la minería boliviana donde daba cuenta que se estimaba que alrededor de 26 toneladas de oro que eran exportadas por vías legales en Bolivia habrían ingresado con internación ilegal desde Perú. En este estudio se reconocía que no se contaba con información certera sobre la naturaleza y los vínculos de la comercialización del oro así como con los tipos de transacciones en su tránsito por Bolivia. Aunque se intuye que pasa lo mismo que en Colombia donde se había detectado que el oro entraba como pago por cocaína. También se desconocía las relaciones del oro ilegal con otros “sectores” también ilegales, o si éste provenía de producción no declarada de operaciones legales.

El IPE y VIDENZA presentaron estudios al respecto recientemente donde coincidían en combatir a la minería ilegal como política de Estado, reforzar la trazabilidad, y acabar con el REINFO.

Coincido con lo manifestado por el CEDIB en cuanto que no se cuenta con información certera y la posibilidad de que el oro sea la moneda de cambio para el narcotráfico es altamente probable. El “combate” a la minería ilegal es muy difícil porque la geología de nuestro país ayuda al establecimiento de estas pequeñas operaciones que extraen oro de vetas muy delgadas pero muy ricas y a “lavar” en los ríos. Este tipo de yacimientos no son del interés de ninguna empresa grande o mediana.

Videnza ha analizado, observando el incremento en la matrícula en las escuelas, que están apareciendo nuevas “ciudades” donde opera la minería ilegal, lo que significaría el desplazamiento de personas de zonas urbanas hacia zonas rurales; especialmente en zonas de frontera como en Suyo (Piura), y Puno, donde en las zonas mineras se registra incluso un índice de desarrollo urbano superior a otras provincias vecinas.

La política de desarrollo alternativo que se propone debe considerar destrabar los proyectos mineros en cartera, y aligerar los permisos de exploración para empresas extranjeras en zonas de frontera que hace años están a la espera del visto bueno en el Comando Conjunto.

Hemos publicado como Ecuador ha abierto minas grandes, muy cerca de nuestra frontera, mientras que por el lado nuestro no se otorgan las autorizaciones a empresas formales, mientras que camiones ecuatorianos entran a recoger mineral ilegal, usando caminos que han construido.

Si el 90% de los mineros ilegales operan sobre concesiones ajenas sus posibilidades de “formalizarse” son mínimas. La interdicción también no es aconsejable porque ha probado ser costoso e ineficaz. En su lugar, se debería usar este presupuesto para la reforestación de áreas abandonadas por la minería aluvial, como lo ha hecho Colombia, que ha permitido ganar bonos de carbono a los empresarios forestales.

Se debe revisar el tamaño de las operaciones que según nuestra legislación es considerada pequeña o artesanal y llevarla a estándares internacionales. Así como también modificar nuestra legislación para que toda planta de tratamiento sea supervisada por OEFA y Osinergmin.

En resumen el problema de la minería ilegal es la consecuencia de ausencia de políticas de desarrollo rural desde hace años. No se promueven actividades formales como gran y mediana minería, agroexportación y desarrollo forestal, que pueden ofrecer puestos de trabajo seguros y estables. La pobreza ha arrastrado a la población a diversas prácticas ilegales que conviven en territorios con notorias falencias. El REINFO debe ser cambiado a una plataforma que emita permisos para compras puntuales, despendiendo si el solicitante ha cumplido con los requisitos exigidos.