Terminó el 2023 y no ha habido grandes avances en los 2 problemas principales que afectan a la industria minera: el acceso a tierras o relacionamiento con las comunidades y la tramitología. Ambos tienen el mismo origen: una gestión estatal que no mejora. Todo lo contrario.
El acceso a tierras ha mejorado un poco con el establecimiento de empresas comunales pero definitivamente se necesita hacer cambios en las regulaciones de las comunidades para eliminarlas y se transformen en otras formas societarias más modernas. De esta manera podrían mejorar su gobernanza.
Para solucionar el problema de la tramitología nos tenemos que remontar a su origen. Cuando terminaba el siglo XIX nuestra minería eran pequeños emprendimientos empíricos y el Estado las apoyaba con asistencia técnica de los pocos ingenieros que contaba nuestro país. Se comienzan a redactar entonces regulaciones que señalaban que las Jefaturas de Minería tenían que “revisar-y-aprobar”. De un Estado que enseñaba a los pequeños empresarios en el siglo XIX hemos pasado, por el rápido avance de las tecnologías, a que las empresas (grandes y medianas) están albergando mucho más conocimiento que el Estado, que no ha avanzado a la misma velocidad que las empresas. Entonces tenemos normas que ordenan a un funcionario “revisar-y-aprobar” un documento de miles de páginas que ha pasado por la revisión de los mejores especialistas internacionales; y en lugar de aprobarlo sin mayor trámite se demora con la lectura del abultado expediente y redactar un informe de varias páginas que sólo transcribe un recuento de los antecedentes, copian una buena parte, y para que no crean que es un corrupto, plantea algunas observaciones.
No es difícil entender porque se demora tanto un trámite y por qué se toman más tiempo cada día los funcionarios. Además ahora el Estado creció…y se multiplicó. Entonces existen más instancias que tienen que “revisar-y-aprobar”.
Ante este reclamo general, salen unas declaraciones de una pronta ventanilla única, que al parecer es (al fin) una plataforma que sincroniza todos los procesos de trámite. Porque en el Estado Peruano, cada institución ha desarrollado su sistema informático que no coordina con cualquier otro.
Terminando el año, el gobierno publicó una norma dando un plazo perentorio para la regularización de las pequeñas empresas que operan bajo la protección del “REINFO”. Por el lado de los gremios no se ha escuchado una posición seria y sustentada de como encarar la quiebra de Petroperu (empresa donde todos somos socios); como tampoco normas para aligerar la tramitología en empresas cumplidoras (que ostentan varias certificaciones internacionales en calidad, gestión ambiental, seguridad, etc).
El problema de Petroperu está sin resolver. Pero la opinión pública que podría empujar hacia la mejor opción permanece ignorante porque no hay una discusión alturada de las posibles salidas. Es increíble que instituciones como la SNMPE o el Colegio de Ingenieros, no organicen foros públicos donde se discuta y se acuerde una ruta. Mientra que ex – presidentes de Petroperu hacen comentarios en columnas de diarios, para recibir como respuesta una carta amenazante de la empresa.
Se escucha también anuncios de marchas y bloqueos por parte de los “pequeños mineros”. Pero no existe un borrador de norma para presentada por sus líderes para regularizar esta actividad, porque revisando las cifras del crecimiento exponencial que ha tenido luce bastante competitiva. Cuando aprenderemos los peruanos a dialogar y llegar a acuerdos que destierren la informalidad!