La semana que paso trajo una noticia que preocupó pero no en la intensidad que se debiera. Newmont anunció que una vez más retrasaría la construcción de su proyecto Sulfuros II en Cajamarca. Hubo muchas conjeturas sobre las razones para ello: desde las altas tasas de interés en los mercados internacionales hasta la recomposición de frentes formados por antiguos líderes como el Padre Arana, que ha decidido volver a vestir una sótana e ir a enseñar a una universidad, como lo hace su aliada Mirtha Vásquez en la PUCP.
Pero dejando las conjeturas aparte, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no ha respondido con el debido “expertise”. Hace tiempo consultoras internacionales vaticinan que en 10 años sólo el 40% de las minas actuales de cobre estarán operando. Hoy se anuncia que con la entrada de Quellaveco estaremos produciendo 2.7 millones de toneladas al año. Pero cuánto estaremos produciendo en 5 o en 10 años? El cálculo no es tan difícil pero el gobierno debería hacerlo. Repetir constantemente que tenemos proyectos por 53 mil millones en cartera no soluciona mucho.
Las minas no son interminables, si no pueden ampliarse, tienen que entrar en proceso de cierre y eso si es un problema. En primer lugar porque siempre son la actividad económica más importante de la región donde operan, brindando trabajo formal y aporte fiscal. En el desempeño económico de Cajamarca se nota el impacto de la paralización de Conga, que no pudo ser reemplazado con ninguna actividad. La consecuencia de “el agua o la vida” fue más pobreza simplemente. Los discursos de Arana-Vásquez que promocionaban la ganadería y el turismo sólo sirvieron para cobrar por informes de consultoría alejados de la realidad. Tampoco ayudó mucho la “contabilidad” de la Defensoría sobre cuántos conflictos socios-ambientales están vigentes.
Lo real es que en las zonas rurales siempre han habido conflictos, con o sin presencia minera, porque reina la informalidad, la corrupción y la desidia. Los terrenos no tienen títulos, lo que vale es la “posesión”. No existe justicia que resuelva diferencias, autoridades elegidas democráticamente, ni funcionarios que alcanzaron sus puestos por méritos. Los gobiernos locales y regionales tienen baja ejecución presupuestal, y la mayoría de obras quedan inconclusas; porque simplemente la corrupción está exigiendo porcentajes a “constructoras” que es imposible pagar. La “cereza del pastel” es la pérdida de aprendizaje que sufre la niñez no sólo por efectos de la pandemia, sino por la baja calidad de la educación peruana desde hace años. Este es el “panorama” del “vecindario” de cualquier empresa minera en nuestro país, que tiene que cumplir con estándares ESG, que no contemplan que hacer cuando tus vecinos no son la familia Ingalls.
Si el MEF quiere seguir contando con el apoyo fiscal de la minería tiene que mejorar la calidad de la inversión pública en el interior del país, replantear su sistema de transferencia de fondos, y usar sistemas con alertas ante uso indebido. Si los servicios públicos (educación, salud, infraestructura) mejoran se acaban los conflictos que ahora impiden que la producción minera crezca.